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Pablo

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Resolución 16 de octubre de 2019, por la que se amplia el periodo de disfrute de vacaciones, asuntos propios y compensación de festivos del año 2019, hasta 31 de marzo de 2020

Fuente: La Vanguardia

La Audiencia Nacional juzga el viernes al etarra José Carlos Apeztegia por proponer en 2002 a la dirección de ETA atentar con coche bomba en la sede en Madrid del sindicato de funcionarios de prisiones ACAIP y aportar datos del director de la cárcel de Málaga en la que estaba preso, hechos por los que el fiscal pide 11 años de cárcel.

Tras quedar en libertad en 2013 después de cumplir condena por integración en organización terrorista y por el intento de asesinato del industrial vasco José Osinalde, Apeztegia volvió a ingresar en prisión preventiva hace un año al aparecer una carta que remitió a la cúpula etarra planteando atentar contra objetivos relacionados con Instituciones Penitenciarias.

La carta, que fue intervenida el 9 mayo de 2003 en la detención en Saintes (Francia) de la exdirigente de la banda, Ainhoa García Montero, junto a Aitor García Justo, Asier Aranguren y Thierry Idart, fue recuperada entre la documentación entregada por Francia a las autoridades españolas en febrero pasado.

 
 
 En sus conclusiones provisionales, la Fiscalía, que le acusa de un nuevo delito de integración con la agravante de reincidencia "en consideración a los antecedentes penales que tiene el acusado", relata que el etarra, cuando cumplía condena en la cárcel de Alhaurín de la Torre (Málaga), consiguió reanudar sus contactos con la cúpula de ETA en Francia.

En una de esas misivas, el etarra arremetía contra los funcionarios de prisiones a los que acusaba de dar "palizas a compañeros de varias cárceles" y proponía "enviar un mensaje claro a los carceleros".

Culpabilizaba de ello al "sindicato de carceleros fascistas ACAIP" y consideraba que sería "un claro mensaje poner un coche bomba en su sede en Madrid, al menos si siguen mostrando ese comportamiento para con los presos políticos".

"Una acción de este tipo tendría un eco considerable y sería ideal para meter el miedo en el cuerpo a los carceleros", concluía el etarra que se despedía así de sus compañeros: "sin más, ser buenos y muchos abrazos, adelante siempre".

En esa misma carta, aportaba además "algunas aclaraciones respecto de la carta enviada el mes pasado relativa al director de la prisión de Málaga" y explicaba que este podía haber recalado en Alicante, "aunque no puedo asegurarlo", precisaba, disculpándose de no haber incluido "el cambio" en la anterior misiva.

Informaba además de que desde mediados de junio el nuevo director de la prisión malagueña era "el antiguo director de la cárcel de Tenerife".

Según los investigadores, indica el fiscal, el director de la cárcel al que hacía referencia es Tomás San Martín, que estuvo destinado en Alhaurín hasta junio de 2002, y recuerda que en esas fechas ETA tenía como objetivos "a funcionarios de prisiones, militares, magistrados, fiscales, periodistas...".

A los miembros de ETA que tenían esta carta y que integraban el "núcleo duro" de la estructura de los "pianistas", se les intervino también una fotografía con el texto: "Tomás Sanmartín-director de la prisión de Alhaurín".

Los "pianistas" era el nombre en clave con el que se denominaba al aparato de ETA encargado de aglutinar a los militantes de la banda que recopilaban información, que posteriormente era trasladada a los comandos operativos.

La Fiscalía destaca además que al acusado, dos años después de enviar esa carta, se le intervino en su celda una carpeta con una copia de una hoja del libro de servicios de la cárcel de Alhaurín "en la que constan los nombres de 21 funcionarios de prisiones junto con sus números de identificación profesional, las características genéricas de los servicios prestados y su firma".

Además, en un documento incautado en el despacho profesional de uno de los principales miembros del frente de makos o KT, el abogado Jon Enparantza, condenado junto a otros 46 abogados por integración en ETA, fue hallado un escrito en el que Apeztegia informaba de cacheos a familiares de presos y se mostraba disconforme con rechazar los "vis a vis" durante dos meses porque su familia era "su principal apoyo"

Fuente: Huelva Ya

Desde ACAIP HUELVA queremos denunciar el incremento exponencial de la conflictividad en los departamentos y módulos de vida regimental ordinaria en un contexto de carencia estructural de efectivos de vigilancia, unido al perfil de extrema peligrosidad de los internos que está recibiendo el Centro Penitenciario de Huelva, La Ribera, ya como centro de destino o como centro de tránsito.

En este sentido, hemos de citar en concreto, la grave sobrecarga del módulo de ingresos por los traslados de internos entre centros, que en un gran contingente se concentran en un solo día de la semana, provocando graves problemas de seguridad tanto en este módulo como en los restantes del centro penitenciario al tener que retraer efectivos de vigilancia de otros módulos residenciales, mermándose en conjunto la efectividad y seguridad en todo el centro. Además, el centro penitenciario ha de acometer esta tarea en una situación de pertinaz escasez de funcionarios/as para acometer con fiabilidad los trámites oportunos para llevar a cabo estas conducciones. Esto sin tener en cuenta las diferentes modalidades de vida y clasificación de los internos que son alojados en este módulo añadido a la sobrecarga de trabajo que estamos describiendo hace que se comprometa seriamente la seguridad de los trabajadores.

A su vez, ha de tenerse presente que los internos que son trasladados a Huelva mantienen un perfil de evidente peligrosidad, puesto que son internos que proceden de Primeros Grados, que tiene un régimen de vida especial, y que han sido reclasificados a toda carrera por la Administración Penitenciaria a Segundo Grado, sin comprobar si realmente están adaptados para llevar una convivencia normalizada en un módulo de vida ordinario.

Estos internos reclasificados y provenientes de otras regiones tienen un perfil de extrema peligrosidad y conflictividad, junto con una grave inadaptación al régimen de vida ordinario. Además generan graves incidentes ante la constatación de la inacción de la Administración Penitenciaria ya en vía administrativa ,por ejemplo no siendo trasladados los internos que han protagonizado graves incidentes que atentan de forma grave la seguridad del centro y de  sus trabajadores, o ya judicial por la vía de lo penal, que degenera en franca impunidad al apenas contar con consecuencias los graves incidentes que protagonizan: tráfico de drogas y sustancias psicotrópicas, introducción de móviles, ataques físicos y amenazas contra funcionarios, violencia contra otros internos, autolesiones, etc.

Por otra parte, desde nuestro sindicato constatamos que se han multiplicado las agresiones entre internos y se han incrementado exponencialmente las agresiones a funcionarios hasta un punto de hastío de la plantilla de trabajadores del centro penitenciario de Huelva. De tal forma que este sindicato contabiliza en los últimos seis meses, al menos, siete agresiones a funcionarios que han necesitado de la asistencia de los médicos del centro.

Estas agresiones no son reconocidas como tales por la propia administración penitenciaria, porque esta ha creado los mecanismos jurídicos precisos precisamente para que no se reconozcan. Y junto con la falta de mecanismos de atención en los propios centros penitenciarios a los funcionarios agredidos, hace que que el programa destinado a reducir las agresiones a los trabajadores penitenciarios no solo sea una mecanismo jurídico para dejar de contabilizarlas sino también para  desamparar a los trabajadores.

A esta desprotección de la administración penitenciaria se une a una desprotección jurídica ya que nuestro colectivo necesita imperiosamente una reforma legal que elevara a los funcionarios de prisiones como agente de la autoridad para evitar una impunidad judicial frente a las agresiones sufridas por los trabajadores así como una mayor protección jurídica en los tribunales de los  trabajadores penitenciarios al igual por ejemplo que los fuerzas y cuerpos de la seguridad del estado.

Y  es que este colectivo ha vivido unas movilizaciones con distintos de gobiernos, donde el ministerio de interior  dirigido  por Grande Marlaska o por Juan Ignacio Zoido, no han desbloqueado un conflictivo colectivo sentándose a negociar con las organizaciones sindicales y poniendo fin a décadas de olvido de los trabajadores penitenciarios.

Por todas estas cuestiones, ACAIP ha solicitado una serie de reuniones con los candidatos  al  Congreso y Senado por la provincia de Huelva de las distintas formaciones políticas que participarán en las próximas elecciones de 10 de noviembre con el ánimo de transmitir las diferentes problemas que sufre los trabajadores del centro penitenciario de Huelva como del colectivo de trabajadores penitenciarios.

Fuente: La Voz de Cadiz

Los funcionarios se disponían a la recogida de la lavandería a través de su celda, observan que el interno A.R.B. se encontraba colgado de una sábana anudada a la ventana y con el cuerpo en suspensión

Los sindicatos ACAIP-UGT, APFP, CCOO y CSIF del Centro Penitenciario de Puerto III, comunican la labor que realizaron, en la tarde de este domingo 13 de octubre, los compañeros del Módulo Especial de la prisión Puerto III salvando la vida de un interno que pretendía ahorcarse.

Cuando los funcionarios se disponían a la recogida de la lavandería a través de su celda, observan que el interno A.R.B. se encontraba colgado de una sábana anudada a la ventana y con el cuerpo en suspensión.

 
Rápidamente avisaron al Jefe de Servicios y el resto de compañeros del Módulo que proceden a la entrada y a descolgar al interno, practicando la respiración cardiopulmonar hasta la llegada de los servicios médico y entre ambos consiguen salvarle la vida.
 

Una vez reanimado éste, el interno comienzó a llorar por su estado de nerviosismo y a decir que porqué lo habían soltado, y que se mataría mañana o la semana que viene. Al mismo tiempo, intentó zafarse de los funcionarios que lo custodian y a golpearse la cabeza con la mesa y dar patadas, teniendo los compañeros del Módulo Especial que reducirlo para evitar que se autolesionara y les agrediera a ellos mismos. Finalmente tuvieron que aplicarle sujeción mecánica y el médico le activó el protocolo de prevención de suicidios.

De éste modo, se pone patente la profesionalidad de los funcionarios de prisiones, que sin la formación suficiente por parte de la Secretaría General de II.PP. y del Ministerio del Interior, realizan una labor encomiable salvando vidas, como en ésta ocasión, o apagando fuegos en otras, o bien intercediendo en peleas o agresiones, sin que por parte del Ministro del Interior o la SGIIPP se ponga en práctica un diálogo para abordar con los sindicatos una profunda reforma del sistema penitenciario, que lleva casi dos décadas de olvido y con muchas deficiencias: 3400 plazas de pérdida en estos años, formación específica, subida de niveles, carrera profesional (concursos de promoción y traslados anuales) y sin una retribución acorde a sus funciones como los propios compañeros de Interior de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

A la Comisión Interministerial de Retribuciones. Comisión Ejecutiva.
Dirección General de la Función Pública


Asunto: QUEJA por inactividad de la CECIR en relación con el procedimiento de asignación de puestos de trabajo en II.PP. por razón de edad.
Don José Ramón López en calidad de Presidente de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias ( ), Sindicato mayoritario en el sector y afiliado a la Unión General de Trabajadores (UGT), con domicilio de notificaciones en Apartado de Correos 9007 28080 (Madrid), y dirección electrónica Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., mediante el presente escrito

EXPONE
Que ha llegado a esta organización sindical conocimiento de la falta de actividad de ese órgano, CECIR, a través de oficios que el Subdirector General Adjunto de Recursos Humanos de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, Ministerio del Interior, ha notificado a varios funcionarios de prisiones, y es por ello que viene a elevar ESCRITO DE QUEJA, toda vez esta dejadez en sus responsabilidades está influyendo en derechos que l@s funcionari@s de prisiones tienen reconocidos, y que fundamenta en los siguientes

Ya tienes a tu disposición los distintos calendarios laborales para el año 2020.

 

 

La Ejecutiva Nacional adoptó el acuerdo de obsequiar a cada afiliado de Acaip con una participación de lotería de Navidad.
Esta decisión supone que en el caso de que “toque” el gordo, cada Afiliado a Acaip podría cobrar 32.000 €uros, después de practicada la retención correspondiente a su valor.
Así se garantiza que la lotería de ACAIP llegue a TODOS LOS AFILIADOS, y por ello se va a obsequiar a cada afiliado con una participación de 2€ del número 97.400

 

 

Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias
  • Resolución de 9 de octubre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias.

Plazas convocadas... 900

Fuente: La Voz de Galicia

La muerte de Fabrizio, el «Haninibal Lecter» de la prisión de A Lama, resitúa el debate sobre el nivel de seguridad del penal y el insuficiente número de funcionarios.

Dos motines en menos de un año, entre 1989 y 1990, aceleraron el cierre de la vieja prisión de Pontevedra. El edificio penitenciario estaba ubicado en A Parda. Era una cárcel pequeña, con vetustas instalaciones, para apenas un centenar de reclusos que estaba saturada con más de 200 internos. Ese fue uno de los motivos que desencadenó aquellas revueltas carcelarias que afortunadamente concluyeron sin víctimas mortales. Entre otros, gracias a la mediación de personas como Julio Barcia Darías, el abogado cuya intervención resultó primordial para resolver de modo incruento alguno de aquellos trepidantes episodios. Tristemente, aquel joven y brillante letrado pontevedrés murió súbitamente, pero su recuerdo ha perdurado, de modo que el Colegio de Abogados de Pontevedra creó la Comisión Penitenciaria Julio Barcia, que semanalmente presta atención jurídica a reclusos de la Prisión Provincial de A Lama. Su labor fue galardonada hace diez años por el Gobierno con la concesión de la Medalla de Plata al Mérito Penitenciario por su tarea de estimular la conciencia social hacia los presos.

 
Esta comisión está integrada por 18 abogados en ejercicio, que se desplazan semanalmente al centro penitenciario para prestar asistencia jurídica, atendiendo a una media de 25 internos cada día.

Prisión demolida

Aquella vieja cárcel fue derribada y en su lugar se construyeron varios inmuebles, entre ellos, el primero de los edificios de Juzgados de A Parda, en lo que sin duda fue una humorada del destino.

El final del penal de A Parda en 1991 fue el principio de la nueva Prisión Provincial de A Lama, que tardó en ser realidad, hasta que abrió en 1998. No sin rodeos y polémica, dada la reacción vecinal que temía un aumento de la inseguridad en el tranquilo concello de A Lama por el trasiego de presos. Curiosamente los años transcurridos han evidenciado que no existen datos sólidos que permitan sostener que el concello de A Lama se haya convertido en un municipio con más inseguridad. Más bien al contrario. Si una de las razones para defender el asentamiento del nuevo penal en Monte Racelo fue el de fijar población generando sinergias y economías asociadas, la contundente evidencia es que, 20 años después, A Lama es uno de los concellos del interior de la provincia que se sigue vaciando, con 2.430 habitantes acreditados en el 2018. Quinientos vecinos menos de los que había cuando abrió la cárcel.


Sobrepoblación reclusa

De modo que el nuevo penal no trajo mayor delincuencia que haya padecido la población circundante y en cambio, puertas adentro, el centro penitenciario sí padece la recidiva del problema de saturación e inseguridad. Y además multiplicado, pues a mayor capacidad de reclusión, mayor sobrepoblación. De forma que el problema de antaño se vuelve a repetir tozudamente en este moderno centro penitenciario, como se ha acreditado a lo largo de las dos décadas que lleva en funcionamiento.

La muerte de Fabrizio Joao Silva, apodado el Hannibal Lecter de las cárceles españolas, ocurrida esta semana en el módulo de aislamiento de la prisión de A Lama donde estaba recluido desde enero, resitúa el foco sobre este centro penitenciario. El fallecimiento -natural, fortuito o lo que fuere de ese peligrosísimo preso- pone a la prisión provincial bajo la lupa. Porque siendo A Lama uno de los penales por los que rotan los presos más violentos y conflictivos que tenemos en España, desde terroristas yihadistas, criminales balcánicos y asesinos múltiples de diferente procedencia, es también uno de los más inseguros y conflictivos del mapa de prisiones de España. El caso de Fabrizio Joao es un exponente más de esa aparente contradicción que se explica a través de datos y denuncias.

 
El sindicato de prisiones ACAIP difundió hace un año un informe sobre la situación de las cárceles que situaba al penal pontevedrés entre los cinco más peligrosos de España y el que acumula más casos de presos muertos. Según ACAIP, A Lama está en ese ránking horrible junto a los penales de Morón, Estremera, Soto del Real y el granadino de Albolote. Pero la peor cifra para la prisión pontevedresa es que se le acreditan 56 muertes de reclusos por sobredosis o suicidio (hasta 2017).

Tanto el sindicato citado como otros que representan a la plantilla del penal de A Lama añaden más datos que nos hablan de la peligrosidad de su trabajo entre barrotes. Las propias estadísticas de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias admiten que desde el 2015 se contabilizaron 27 episodios de agresiones a funcionarios de la prisión provincial. Pero hay un matiz: la estadística oficial solo contabiliza casos en los que el funcionario haya necesitado atención médica. Los sindicatos añaden los que se zanjan sin agresión física pero en los que median amenazas, intimidaciones y a veces incluso retenciones.


Finalmente: ¿dónde residen las soluciones? La más inmediata se resuelve con dinero público y oposiciones. Convocar las 50 plazas vacantes de funcionarios que solo en el penal de A Lama serían necesarios para reequilibrar la plantilla frente a la población reclusa. Seguir como hasta ahora es intentar parar una hemorragia con una tirita.

 

Fuente: La Vanguardia

Cinco funcionarios de la cárcel Sevilla II, en la localidad de Morón de la Frontera, resultaron heridos cuando intentaban reducir a un preso muy peligroso que se había confinado en su celda.

Así lo ha denunciado el sindicato de prisiones Acaip-UGT, y ha confirmado a Efe Instituciones Penitenciarias, indicando que se trata del tercer incidente que este recluso, en prisión preventiva, protagoniza en los últimos siete días.

Según el sindicato, ayer en el turno de mañana el preso comenzó a incitar a los funcionarios de servicios con amenazas de muerte, activando la alarma antifuego y retándolos entrar a la celda.

Por la tarde se observó al preso totalmente pertrechado al fondo de la celda y con la misma totalmente cubierta de agua y rociada de jabón a la vez que un entramado de jirones de sábana puesta a modo de tela de araña, el colchón con indicios de haber intentado prenderle fuego y una silla bloqueando la puerta interior de seguridad, todo ello para impedir el acceso de los funcionarios.

Fue entonces cuando al percatarse de la presencia de los trabajadores comenzó a propinarse golpes contra la pared para autolesionarse, lo que motivó que los funcionarios tuviesen que entrar, y fueron víctimas de diversos golpes en el forcejeo: patadas y escupitajos, en medio de amenazas; una de ella dirigida personalmente a un funcionario en la que le decía literalmente “te voy a arrancar el corazón, te voy a dar una puñalada, ten cuidado conmigo”.

 

A día de hoy, el mencionado interno mantiene la actitud desafiante y amenazadora hacia los funcionarios de servicio, teniéndole que aplicar nuevamente una sujeción mecánica, con lo que desde Acaip-UGT se solicita el traslado inmediato a otro centro penitenciario y, con ello, poder restablecer la normalidad del departamento, el orden y la seguridad del mismo.

El preso está clasificado como de “máxima peligrosidad”, y fue derivado a Morón procedente de la prisión de Málaga, previo paso por los centros penitenciarios de Madrid VII y Puerto I, por ser protagonista de insultos, amenazas, coacciones y lesiones, tanto a internos como a funcionarios.

 
 
 

 

 

 

 

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