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Pablo

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Como miembro de la Comisión de Valoración del concurso convocado por Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Subsecretaría, para la provisión de puestos de trabajo en los Servicios Periféricos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, correspondientes a los Subgrupos A2 y C1, queda usted convocado a la sesión de este órgano colegiado que se celebrará el próximo miércoles 28 de agosto a las 11:00 horas en la Sala de Juntas de la Subdirección General de Recursos Humanos, 2ª planta, de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, sita en C/ Alcalá n2 38, 28014, Madrid, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:

 1. Lectura y aprobación del acta anterior

2. Elevar la propuesta de adjudicación a la autoridad convocante.

 

Fuente: El Independiente

Cuando España despertó, la pesadilla que no le dejaba dormir era otra. La mañana de aquel 11 de marzo de 2004 pocos imaginaron que el terror que comenzarían a experimentar a partir de entonces vendría de más lejos. El mayor atentado terrorista de la historia de nuestro país no llevaría el sello de una ETA que comenzaba a agonizar, pese a que respiraría siete años más. El terror esta vez hablaba otro idioma y no aspiraba a ninguna independencia local sino a una dictadura religiosa.

192 muertos después, el Yihaismo guardó silencio en suelo español, roto por pequeños escarceos, pero nada serio. La guardia se elevó pero con el tiempo la alerta se distrajo. Hace hoy justo dos años, una nueva pesadilla volvió a recordar que seguían ahí. Y esta vez ETA ya no existía. El yihadismo demostraba que no había desaparecido, que no se había olvidado de los ‘infieles’ de ‘Al Andalus’.

 
El escenario de la segunda gran pesadilla fundamentalista fue la Rambla de Barcelona, continuó en Cambrills y terminó, poco después, en Alcanar. Una furgoneta suicida arrolló y mató a 16 personas, dejó un reguero de 131 heridos y concluyó con la muerte a tiros de cinco de los terroristas.
Entre las dos pesadillas habían transcurrido trece años.

En 2015 en las prisiones había 118 yihadistas, hoy la cifra supera los 250, muchos de ellos españoles

Hoy, tres lustros después de la primera y dos años de la segunda, la radiografía de la lucha de España contra el terrorismo yihadista arroja datos inquietantes y esperanzadores casi por igual. El número de operaciones policiales crece, las condenas en la Audiencia Nacional alcanzaron el año pasado la cifra más alta de nuestra historia y las cárceles de nuestro país encierran a más condenados que nunca por terrorismo yihadista.

Cataluña, Ceuta y Melilla Y Cataluña, junto a Ceuta o Melilla, la que hoy recordará a sus muertos -y los de varias nacionalidades- es uno de los principales focos de preocupación. Las provincias de Barcelona, Girona o Tarragona se han convertido en focos relevantes de la rama más extrema del islamismo violento, el Salafismo. Se cree que esta corriente controla un tercio de los 254 lugares de culto activos en Cataluña, según datos del Real Instituto Elcano.

Los terroristas ya no vienen de tierras lejanas. Muchos son españoles. Algunos con DNI de nacimiento y otros de acogida. Un 35% de los condenados por yihadismo son españoles, muchos, catalanes. Pero no sólo. El fenómeno se ha extendido. En casi la mitad de las 50 provincias españolas ya se ha registrado una operación para detener a algún sospechosos. Sin duda, a ellas se suman las dos ciudades autónomas, de Ceuta y Melilla, verdaderos graneros de activistas con más de la mitad de los detenidos.

Los nuevos yihadistas son jóvenes sin antecedentes penales, con bajo conocimiento del Islám y arraigados en España

Esta fotografía no permite concluir que la amenaza haya disminuido, ni en España, ni en Europa. Hoy las cárceles de nuestro país tienen entre rejas a más presos “radicalizados” por la ideología yihadista que nunca. Los últimos datos del Gobierno hablan de 254 reclusos, más del doble de los que había hace sólo cuatro años, en 2015. Estas cifras ocultan otro dato inquietante y sobre el que ya alertaba la Unión Europea en su último informe sobre recomendaciones para luchar contra la amenaza yihadista.

A finales del año pasado el Comité Especial de la UE elaboró un documento con cerca de 200 recomendaciones. Fue aprobado en el Parlamento de Estrasburgo el 11 de diciembre de 2018 -el mismo día en que a escasos dos kilómetros de la Cámara Europea, otro atentado yihadista provocó cinco muertos en la ciudad francesa-. El informe alertaba a los estados miembros del riesgo de creer que la amenaza en suelo europeo de radicalización se cernía fundamentalmente en mezquitas extremistas, colegios o barrios periféricos de algunas ciudades.

‘Viveros de extremistas’
“Algunas cárceles se han convertido en viveros del extremismo”, aseguraba el documento del Comité Especial de la UE. Y en España, según los datos oficiales, esa amenaza de radicalidad dentro de las prisiones ya es constatable. Lo demuestran los datos. Más de la mitad de los presos que muestran “indicios de radicalización” no han sido encarcelados por causas relacionadas con el yihadismo sino por delitos comunes.

De los 254 internos incluidos dentro de este colectivo -de los más de 50.000 reclusos en nuestro país-, a finales del año pasado sólo 129 lo eran por delitos vinculados de algún modo al terrorismo islamista. Los 125 restantes son presos que han mostrado, ya dentro de la cárcel, algún indicio de haberse radicalizado por llevar a cabo algún tipo de actividad de proselitismo o relacionarse con alguna organización terrorista de carácter islamista.

Este fenómeno de radicalización dentro de los centros penitenciarios no es nuevo ni exclusivo de nuestro país. Se estima en entre 50.000 y 70.000 el número de yihadistas radicalizados, buena parte de ellos en prisión, que residen en algún país de Europa. Entre las recomendaciones se citan medidas como verificar la rehabilitación de un preso radicalizado antes de ponerlo en libertad o formar a los funcionarios de prisiones en esta materia Además, se aboga por el control de mezquitas donde se divulguen discursos extremistas o la elaboración de ‘listas negras’ de “predicadores de odio” en los centros de culto.

Un reciente informe de la UE ya alertó del riesgo de algunas prisiones europeas, convertidas en “viveros de extremistas”

El número de presos que cumple condena por crímenes de este tipo ha crecido de modo incesante en los últimos años, también los que se ha radicalizado entre rejas. Desde 2012 el aumento ha sido imparable, hasta casi triplicarse. De los 92 reos “radicalizados”, según las autoridades penitenciarias, hemos pasado a 254 el año pasado, según la información aportada al diputado Jon Iñarritu, de EH Bildu.

Menos detenidos, más condenas
En España, en cambio, las detenciones han ido en descenso. El declive de los movimientos terroristas de corte yihadista, la caída del Daesh o el cambio de la situación en Siria o Irak podría estar detrás del descenso de operaciones antiterroristas. El año pasado tan sólo se llevaron a cabo 29 arrestos frente a los 75 de 2015 o los 67 de hace tres años.

Caen las detenciones pero aumentan las condenas. La Justicia registró el año pasado la cifra más alta de nuestra historia. La Audiencia Nacional emitió 25 sentencias condenatorias, la cifra más alta desde 2005, cuando se dictó la primera sentencia por un delito de terrorismo islamista. En los últimos años han sido pocas las sentencias, que han oscilado en una horquilla de 1 a 4 hasta hace cinco años. Ha sido a partir de 2017 cuando la Justicia ha aumentado los procesos contra acusados por este tipo de delitos: 7 condenas en 2015, 9 en 2016, 17 en 2017 y 25 el año pasado.

En nuestro país la mitad de las provincias han registrado al menos una operación por terrorismo yihadista

Otro dato preocupante, que se refleja en el informe ‘Yihadismo y Yihadistas en España. Quince años desde el 11-M’, del Real Instituto Elcano, es el fenómeno creciente de “conversos”, que aunque aún reducido, empieza a aumentar. Por el momento sólo representa el 13% de los yihadistas arrestados pero arroja un cambio de tendencia significativo y creciente.

El perfil de activistas que operan en España empieza a ser cada vez más el de un varón que llegó siendo niño o incluso que nació aquí y que se radicalizó en nuestro país. En ocho de cada diez casos su conocimiento del Islám o de la Sharía o ‘ley islámica’ -el código de conducta del Islám- era Elemental”. Hombres jóvenes en su mayoría, sin antecedentes penales anteriores y que se radicaliza a partir de su adolescencia, bien en algún centro, bien en su entorno

 

 

Fuente: El Faro de Ceuta

Con la salida de los actuales funcionarios en prácticas y la llegada de los nuevos, Mendizábal perdería más de 10 trabajadores.

Las centrales sindicales del Centro Penitenciario de Ceuta siguen en pie de guerra para mejorar la situación de la cárcel en materia laboral y de número de personal. Aunque llevan un tiempo sin llevar a cabo movilizaciones como las vividas en el primer semestre del año, aún mantienen las reivindicaciones a través de reuniones encabezadas por la plataforma, conformada por varios sindicatos, en Madrid.


Fruto de estas reuniones, el mes pasado, como consecuencia de las continuadas reclamaciones y reuniones tanto con la Delegada del Gobierno en Ceuta, parlamentarios nacionales y denuncias en la prensa, aunadas a las reclamaciones de los representantes en las Mesas de Negociación en Madrid, tanto de ACAIP-UGT, como de CSIF y CCOO, parece que la Administración Penitencia “ha movido ficha” y ha enviado a la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR) una propuesta de Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para la prisión ceutí, que supondría un incremento en más de 100 efectivos para el Centro Penitenciario de Ceuta, así como su clasificación como centro tipo, con la categoría de 1.1 Insular, la que le corresponde tras el cambio de instalaciones.


Dado que supondría un incremento presupuestario, es preceptivo que lo apruebe esa Comisión Interministerial, “que esperamos no rechace en esta ocasión la propuesta de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y sea aprobada en próximas fechas”, reconocen desde UGT prisiones.

 
Pese a que en un principio esta sería la respuesta a la demanda de una nueva RPT emprendida desde que pasaron de la cárcel de Los Rosales a Mendizábal, los sindicatos se muestras escépticos de la decisión que va a adoptar dicha comisión. “No nos fiamos, es preceptivo que lo apruebe esa Comisión Interministerial y no sería la primera vez en la que nuestros responsables de la Secretaría General fueran desautorizados por sus compañeros de Administración”, recuerdan desde este sindicato.


Eso fue lo mismo que ocurrió con la propuesta de incremento retributivo a nivel nacional presentado por el Secretario General y retirada a los tres días al ser rechazada por Función Pública, lo que dio lugar al proceso de movilizaciones que sacó a gran parte de los funcionarios de las cárceles españolas a exigir esa equiparación con el resto de sus compañeros del Ministerio del Interior. “Por eso no nos terminamos de fiar hasta que no se apruebe de forma definitiva. La experiencia nos ha hecho ser escépticos”, lamentan desde el sindicato


Mientras tanto, la cárcel de Ceuta mantiene, a juicio de los sindicatos, una carencia de personal notable. A primeros de septiembre se incorporarán 22 funcionarios en prácticas y se irán la treintena de funcionarios que permanecieron durante este año y que han sido nombrados de carrera en los meses de octubre y noviembre. Pese a la resolución del concurso de traslados pendiente, con el que vendrían 20 funcionarios a cubrir vacantes derivadas de este mismo proceso, el Centro Penitenciario de Ceuta habrá perdido más de 10 funcionarios, haciendo aún más patente la falta de personal, insisten desde UGT.


Tanto para este sindicato como para el resto que conforman la plataforma, es más que importante que Mendizábal cuente con una RPT que asuma, de una vez por todas, la plantilla que debe tener este nuevo centro penitenciario.

 

Se adjuntan resoluciones de interinos de juristas y psicologos con las puntuaciones provisionales obtenidas por cada uno de los meritos.

José Ramón López en calidad de Presidente de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), Sindicato mayoritario en el sector y afiliado a la Unión General de Trabajadores (UGT), con domicilio a efectos de notificaciones en Apartado de Correos 9007 28080 (Madrid), correo electrónico, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., por medio del presente,
viene a SOLICITAR LA MODIFICACION DE LAS ULTIMAS CONVOCATORIAS FORMATIVAS, en base a los siguientes argumentos:


Han sido convocadas recientemente por parte de esa Subdirección General tres acciones formativas descentralizadas, sobre defensa personal y utilización correcta de medios coercitivos, de prevención y extinción de incendios: jornada práctica sobre manejo extintores y uso de equipos de respiración autónoma (era) y sobre habilidades sociales, interacción personal y resolución pacífica de conflictos, cuyo plazo de solicitud finaliza el 2 o el 5 de septiembre, dependiendo de la acción formativa. Que su plazo de ejecución es entre el 25 septiembre y el 25 de octubre del 2019. Y que se contempla la compensación horaria a los asistentes.

José Ramón López en calidad de Presidente de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), Sindicato mayoritario en el sector y afiliado a la Unión General de Trabajadores (UGT), con domicilio a efectos de notificaciones en Apartado de Correos 9007 28080 (Madrid), correo electrónico, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., por medio del presente EXPONE:


Entre los productos que se venden en los economatos de los centros penitenciarios están las latas de conservas y de refrescos que al estar hechas generalmente de aluminio son altamente cortantes. También están a la venta lejía y palos de escoba de madera o aluminio.

En los últimos meses se han producido varias agresiones a trabajadores de Instituciones Penitenciarias utilizando estas latas, con resultado de graves cortes y lesiones a los mismos.


A modo de ejemplo, podemos citar los siguientes:

Fuente: Europapress

Desde la agrupación alertan sobre la falta de personal sanitario, una de las principales causas del brote.

La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) ha denunciado un aumento en los casos de sarna en las cárceles españolas, donde se ha pasado de 58 a 176 internos afectados en cinco años.

"En siete meses de este año hay más casos que en todo el año pasado", ha apuntado a Europa Press el responsable de Salud Laboral de Acaip, Alberto Téllez. "Hay un repunte a nivel general, pero no es menos cierto que en prisiones hay un déficit de personal sanitario tremendo", ha añadido.

Según los datos de Instituciones Penitenciarias, en 2015 se registraron 58 casos de sarna en las prisiones españolas. Al año siguiente, el número se redujo a 45, disparándose en 2017 hasta los 95 casos.

La estadística sufrió un repunte mayor aún en 2018, con 160 reos afectados. Este año, hasta el 31 de julio, ya hay más casos que en todo el año anterior: 176 personas sufren esta enfermedad cutánea, que provoca picazón en la piel.

LAMENTAN EL "DESPRECIO" DE LA ADMINISTRACIÓN A LOS TRABAJADORES

El caso más grave se ha producido en la prisión de Las Palmas 1, donde se ha pasado de cuatro afectados en 2018 a 33 en lo que va de año. En Albacete y Algeciras, el pasado año solo hubo un preso afectado por prisión: en 2019 ya son 13 en cada centro.

La falta de personal es una de las principales razones apuntadas por Acaip como causa del repunte, pero no la única. "Hay centros que tienen solo un 20% de los médicos que deberían tener. Ante esa falta de gente, es más fácil que tarde en detectarse la enfermedad", ha explicado Téllez.

 

Según ha recordado el propio responsable de Salud Laboral, el año pasado en la prisión de Murcia 2 se tuvo que realizar una intervención ante el brote más grave de sarna registrado estos últimos cinco años, con 39 personas afectadas.

Unido al repunte de casos de esta enfermedad está, según señalan desde Acaip, el "desprecio hacia los trabajadores" de las cárceles que se contagian por el contacto directo o indirecto con los reclusos.

"La administración nunca reconoce que ha sido en el trabajo. El funcionario, además de sufrirla, tiene que reclamar judicialmente que se ha contagiado en el trabajo. Lo más grave es que ponen en tela de juicio su enfermedad", ha denunciado Téllez.

 

Fuente: El Periodico

Interior convoca un curso con técnicas para actuar en casos de ataques de presos o autolesiones, pero solo se impartirá en 25 cárceles

Funcionarios de cárceles pequeñas del mapa penitenciario que administra el Ministerio del Interior están expresando sus quejas por no poder acceder a un curso largamente demandado por el colectivo: el de defensa personal.

Interior ha programado para el mes próximo un completo entrenamiento en esa materia, pero solo podrán seguir sus clases los vigilantes de 25 cárceles, quedando fuera de la formación otras 34.

 
Desde uno de los más pequeños centros penitenciarios, el Centro de Inserción Social (CIS) Melchor Rodríguez de Madrid (adscrito a la cárcel de Alcalá-Meco), la sección sindical de la Agrupación de Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) ha emitido un comunicado lamentando que a los vigilantes de ese centro "ni siquiera se les da opción de poder solicitar dicho curso" y que "la marginación que sufren los trabajadores" de ese CIS "afecta a la propia seguridad del centro".

Paliar las agresiones
Interior planea enseñar a los funcionarios de prisiones, un máximo de 25 por cárcel seleccionada, "técnicas de defensa personal, bloqueos, defensa, intervención, control y reducción". Entre las materias que abordará, están las actuaciones en caso de "controles de internos y formas de esposar", "agresiones entre dos internos", "intentos de agresión al funcionario" y "autolesiones".

El curso, que comenzará el 18 de septiembre, tiene una duración de 25 horas lectivas y, para disgusto de los funcionarios que se quedan fuera, solo se llevará a cabo en 25 centros penitenciarios. Esas prisiones se elegirán por el número de instancias recibidas, con lo que, según la queja de Acaip, quedan en franca inferioridad aquellos que por sus características son más pequeños.

Pero en un CIS "tienen lugar situaciones susceptibles de incidentes regimentales graves, como en el caso de internos con problemas psiquiátricos, intoxicaciones por consumo de sustancias tóxicas cuando regresan al centro y otras, que pueden demandar la intervención de los funcionarios de vigilancia".

Formación "esencial"
Para Juan José Rolanía, funcionario del CIS Melchor Rodríguez y representante de Acaip en el complejo penitenciario de Alcalá-Meco, la formación en materia de defensa personal "es de las más esenciales y para los trabajadores de prisiones, y también de las más escasas".

El CIS, un establecimiento en el que los internos salen a trabajar y regresan por la noche, no suele un lugar tan violento como los módulos de régimen cerrado de las grandes prisiones, donde viven presos muy peligrosos. Pero hay momentos especialmente delicados en los que la situación se puede desestabilizar. "Por ejemplo –cita Rolanía-, cuando al interno se le comunica una regresión de grado y sigue dentro del CIS".

Decirle a un preso que pierde beneficios y vuelve a estar encerrado entre cuatro paredes es un proceso altamente inflamable, más incluso que cuando un interno regresa ebrio o drogado. Los funcionarios denuncian que apenas reciben formación en materia de autodefensa para esos casos. De hecho, a Rolanía le constan colegas de profesión "que se procuran su entrenamiento por sus propios medios, acudiendo a gimnasios y profesores particulares".

Interior, a través de la subdirección de Personal de Instituciones Penitenciarias, convocó el curso el pasado 29 de julio con la intención de "profundizar  en las competencias necesarias para afrontar, minimizando los riesgos, tanto para sí mismos como para los internos, situaciones de crisis de especial conflictividad que alteren la ordenada convivencia del centro".

Fuente: Malaga Hoy

Uno de ellos rompió un luna de cristal que separa dos locutorios 
ACAIP y UGT piden cámaras de vigilancia en la zona de las cabinas familiares.

Una docena de familiares de tres presos internos en la cárcel de Alhaurín de la Torre protagonizaron en la jornada del pasado domingo un altercado de cierta consideración cuando tuvieron conocimiento de que los reos habían sido divididos en módulos diferentes. La dirección del centro penitenciario tomó esta decisión, según fuentes conocedoras del suceso, ante la sospecha de que los reclusos forman parte de un clan que se encarga de "extorsionar al resto de internos del módulo en el que se encontraban".

La medida provocó el malestar de los familiares que habían acudido a la prisión a visitarlos, al punto de que uno de ellos, según confirmó la unión sindical ACAIP-UGT, rompió, "al parecer de un puñetazo", una luna de cristal que separa dos locutorios, "provocando heridas de diversa consideración tanto a sí mismo como a otros familiares que se encontraban cerca".

La situación provocó "gran alteración y nerviosismo entre los más de 70 familiares que comunicaban en ese turno"


Desde la organización sindical precisaron que el "acto vandálico" provocó "gran alteración y nerviosismo entre los más de 70 familiares que comunicaban en ese turno y se encontraban presentes". La reacción de los funcionarios permitió controlar la situación, siendo trasladados los dos heridos de mayor consideración a la enfermería del centro. Los mismos presentaban "cortes más profundos".

Ante este último episodio, desde los sindicatos instaron a la dirección de la prisión a aumentar las medidas de seguridad en el departamento de comunicaciones "con la instalación de cámaras de vigilancia en la zona de cabinas de familiares, así como el blindaje de los cristales que sean susceptibles de rotura para evitar que se vuelvan a producir este tipo de sucesos".

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