PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Modificar el artículo 80.2 de la Ley Orgánica 1/1979 General Penitenciaria, de 26 de septiembre, quedando como sigue:
“Los funcionarios penitenciarios tendrán la condición de funcionarios públicos, con los derechos, deberes e incompatibilidades regulados por la legislación general de funcionarios civiles de la Administración del Estado.
En el ejercicio de sus funciones tendrán la condición de autoridad pública y se atenderá al principio de imparcialidad política, de conformidad con las normas constitucionales.”
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