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Fuente: Valencia Plaza

Dicen que, a veces, hasta los presos se solidarizan con ellos. Son los funcionarios de prisiones. Plaza se ha reunido con miembros de este colectivo destinados en Castellón II (Albocàsser), aunque su testimonio podría ser el de los trabajadores de cualquier otra prisión de la Comunitat o de España. Así se vive cuando se trabaja entre rejas 


-«Madre mía, señorita. No sé cómo aguanta». Cuando María [nombre ficticio] escuchó esta frase por primer vez dice que casi se hundió en la miseria. La anécdota no tendría mucho más recorrido si no fuera porque quien la cuenta es una funcionaria de prisiones, una profesión a la que las mujeres comenzaron a incorporarse en 2007. Ella está destinada en Castellón II (Albocàsser), la más reciente de las cinco cárceles que hay en la Comunitat Valenciana. Sin embargo, su testimonio podría haber sido el mismo si trabajara en cualquier otra de España ya que ese incidente aparentemente trivial refleja el hartazgo de un colectivo que se siente olvidado y ninguneado. Motivos para estarlo tienen muchos, insisten. Por ejemplo el económico (aunque no es del que más se quejan). María cobraba más de prácticas que ahora ya que durante la crisis ella y sus compañeros perdieron un 10% del sueldo y solo han recuperado el 4%. Para estos profesionales es un dato que refleja hasta qué punto se sienten olvidados por la administración.

Marcos Álvarez sí da su nombre. Es delegado sindical de Acaip (agrupación de los cuerpos de la administración de los centros penitenciarios) de este centro penitenciario. La central es la mayoritaria en el sector y conoce bien todo lo que pasa de puertas para adentro en una cárcel. «El problema —lamenta— es que no importamos a nadie. A la gente no le preocupa lo que pasa en la cárcel, y eso vale tanto para los internos como para nosotros. Y como no somos visibles para la sociedad, tampoco somos una prioridad para la administración».

Por lo que respecta a la población reclusa, España es un caso curioso ya que se cometen 44,3 infracciones penales por cada mil habitantes, lo que nos convierte en el tercer país de Europa con menos criminalidad (solo Portugal y Grecia son más seguros). Paradójicamente, según los datos que Space1 (un informe que realizan conjuntamente el Consejo de Europa y la Universidad de Lausana), tenemos 130,7 presos por cada 100.000 habitantes, mientras que la media europea es de 127,2.

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