Fuente: La Opinion A Coruña
Los sindicatos denuncian que la problemática es mayor de lo que indican las cifras registradas || El fiscal pide año y medio para un interno que agredió a un trabajador en 2018.
En mayo del pasado año, A.B. A., un interno de nacionalidad marroquí que se hallaba ingresado en el centro penitenciario de A Lama (Pontevedra), mantuvo una virulenta pelea con otro interno en la sala de día del Módulo 4 de la prisión de A Lama. Uno de los funcionarios de la prisión fue el que tuvo que acudir en primera instancia a intentar poner orden, separando a este interno y llevándolo a una zona de seguridad, en la entrada del módulo. Una vez allí, el interno aprovechó el momento en el que se cerraba la puerta motorizada para propinarle un fuerte empujón y un golpe en el cuello, consiguiendo zafarse y entrar de nuevo en el comedor para intentar culminar, utilizando una bandeja, la agresión al recluso con el que había mantenido la discusión momentos antes.
Allí fue de nuevo reducido por otros internos y funcionarios, que lo sacaron fuera de la instancia. A cabezazos contra una puerta, el interno acabó por caerse encima de otro funcionario hasta que finalmente lograron reducirlo.
Casos como este, que llegará a juicio en las próximas semanas al juzgado de lo Penal 2 de Pontevedra, son solo un ejemplo de las situaciones que tienen que afrontar habitualmente los funcionarios que desarrollan su trabajo en los centros penitenciarios. En este caso, el interno en cuestión se enfrenta a una petición de condena de un año y medio de prisión como autor de un delito de atentado.
La problemática de las agresiones a funcionarios es uno de los pilares de las reivindicaciones de los trabajadores de prisiones en sus últimas movilizaciones. Explican que la falta de personal de la que adolecen las cárceles españolas (en A Lama se calcula que hace falta cubrir unas 50 vacantes) es también un problema a la hora de tener que afrontar estas situaciones de tensión, tanto por la seguridad de los propios funcionarios como de los internos.
Las estadísticas oficiales del Gobierno señalan que en los últimos años la problemática de las agresiones en las cárceles ha caído. En A Lama se contabilizaron 27 episodios violentos desde 2015. De los ocho de ese mismo año se pasó a seis durante el ejercicio de 2018, de los que cuatro fueron incidentes que causaron lesiones leves a los trabajadores de la prisión. Desde el sindicato Acaip explican que, en cualquier caso, la problemática es mayor de lo que indican estas cifras. "Nosotros ya hemos protestado por esta forma de recoger las agresiones, ya que se hizo una modificación para que no se registren como tal aquellas en las que el afectado requiere algún tipo de atención médica", aseguran. "Y así es cómo el número de incidentes está bajando", añaden.
Por ello piden que se contabilicen también como agresiones incidentes en los que se producen situaciones de amenazas graves o incluso menosprecios e intimidaciones. "Hay empujones, rifirrafes que al final no se denuncian como tal, explican desde Acaip. "Que te diga un interno 'sé dónde vives tú y tu familia, ya verás cuándo salga' es algo que, por desgracia, vivismo casi todos los que trabajamos en esto", añaden. Por ello insisten en solicitar la cobertura de las plazas vacantes para mejorar esta problemática.