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Sánchez mantiene el plan privatizador de Rajoy en las cárceles

Fuente: El Plural

Los Cortina se llevaron la mejor parte del pastel que ya asciende a 210,7 millones de euro.

El 31 de mayo se vence el contrato de la privatización de la seguridad en las cárceles españolas, que se inició en 2013 durante el Gobierno de Mariano Rajoy, y que se ha ido renovando desde entonces en diferentes fases. La Secretaría de Estado ha confirmado que se prorrogará desde el 1 de junio hasta el próximo diciembre, pero no ha aclarado aún si seguirá apostando después por un modelo que rechazó el PSOE cuando estaba en la oposición. El argumento del ahorro y eficiencia en costes esgrimido por los defensores de la privatización ha sido desmentido por expertos en la materia y por la realidad de otros países como Estados Unidos y Reino Unido.

El coste total de la privatización de la seguridad exterior en las cárceles desde 2012 asciende a 210.750.896 euros, incluyendo la prórroga aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, de 20.965.641 euros, según datos de la Consejería de Seguridad.

Este último contrato forma parte de la denominada cuarta fase de la privatización de ese servicio, comprendida entre junio de 2018 a mayo de 2019, por valor de 60.237.549 millones de euros, aprobada en el Consejo de Ministros del 2 de febrero de 2018.

En enero pasado, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, anunció, en una comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso, la intención del Gobierno de Pedro Sánchez de ir rescindiendo poco a poco los contratos privados e ir cubriendo la seguridad exterior con policías y guardias civiles.

Funciones duplicadas
Sindicatos de prisiones y asociaciones de la Guardia Civil, como la AUGC, consideran "un derroche" que el Estado dé dinero a empresas privadas porque sus vigilantes desempeñan actividades "duplicadas" respecto a las que ya realizan históricamente agentes de la Guardia Civil y en menos medida de la Policía Nacional, y creen que la única finalidad de los contratos es "crear artificialmente un nicho de negocio para las empresas de seguridad privada" que, por otra parte, pagan bajos suelos a esos trabajadores.

Sin embargo, el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) difiere de esa opinión al defender que ese tipo de labores de seguridad sí deben ser realizadas por vigilantes jurados y no por policías, aunque recuerda que hay que hacer "las modificaciones legales adecuadas, ya que actualmente se está vulnerando la ley que establece que esas funciones corresponden a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado".

El SUP cree que no es una labor para policías
El portavoz del SUP, Ramón Cosío, explica a este diario que los agentes deben ocuparse de otras actividades de mayor especialización, como la seguridad ciudadana o la investigación de delitos y rechaza que el modelo de privatización del servicio represente un derroche, porque el sueldo de un policía nacional es más alto que el de un trabajador de una empresa privada de seguridad.

Más vigilantes jurados, menos guardias y policías
Según datos recabados por la AUGC y trasladados en un escrito remitido al Grupo socialista en agosto pasado, "la seguridad privada ya supera en número de efectivos a la Guardia Civil, que ha visto reducir su plantilla, de 82.692 efectivos en 2011 a 76.806 en 2017, mientras que los policías nacionales han pasado de 72.457 a 65.287 en las mismas fechas.

El Gobierno de Rajoy justificó la privatización por la recolocación del personal que prestaba servicio de escolta en el País Vasco y Navarra tras el el fin de ETA, pero, según datos de los sindicatos y asociales la cifra de estos recolocados fue "testimonial". Según datos de la Asociación Española de Escoltas(ASES),  en 2015, "los escoltas que protegían directamente a objetivos terroristas (unos 3.500) están en un 97% en situación de desempleo o han buscado opciones de autoempleo, a veces en otros sectores o en el extranjero, normalmente en zonas de riesgo. Un número significativo (unos 2.000) continúa prestando servicio activo en la clásica protección de ejecutivos y personalidades".

Los Cortina se llevaron la mejor parte del pastel
El Ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy echó a rodar un proyecto piloto, que encargó a la empresa OMBUDS, cuyo consejero delegado es Rodrigo Cortina, y que controla mayoritariamente en la actualidad el fondo de inversión  JZ Capital Partners LTD.  OMBUDS se llevó tres contratos iniciales hasta que Interior, tras las críticas de la AUGC, decidió repartir el pastel a otras adjudicatarias, como Coviar, Prosetecnisa, Eulen, Segurisa, Sabico y Garda Seguridad.

La excelencia de la gestión privada, en cuestión
Los detractores del modelo privatizador recuerdan la experiencia de otros países, como Estados Unidos o Reino Unido, donde la gestión no ha sido precisamente ejemplar. En 2017,un reportaje de investigación con cámara oculta de la BBC en una de las mayores cárceles británicas, HMP Northumberland, desveló el caos en las instalaciones: consumo generalizado de drogas, falta de control, mal funcionamiento de alarmas y destrozo de las vallas de seguridad internas. 

Los problemas causados, en los dos últimos veranos, por vigilantes de la seguridad privada en aeropuertos españoles, donde prestan servicios de inspección de equipajes, debido a huelgas por conflictos laborales con la empresa Eulen, hacen cuestionar también el acierto de la privatización.

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