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Aplazado el cierre de las instalaciones de la antigua cárcel de Nanclares de la Oca (Álava)

Fuente: La Vanguardia

Acaip-UGT critica que la dirección del centro anunció "sin previo aviso" el cierre de los pabellones en los que viven 160 funcionarios

El sindicato Acaip-UGT ha anunciado este jueves que se ha aplazado el cierre de las instalaciones de la antigua cárcel de Nanclares de la Oca (Álava), donde viven alrededor de 160 funcionarios de prisiones, el 75% de la plantilla del centro penitenciario de Zaballa.

En un rueda de prensa celebrada en Vitoria, el secretario general de UGT-Euskadi, Raúl Arza, y el presidente de Acaip-UGT, José Ramón López Santamaría, han informado a los medios sobre el encuentro que han mantenido este jueves con el delegado del Gobierno en Euskadi, Jesús Loza.

López Santamaría ha explicado que el pasado 1 de agosto, la dirección del centro penitenciario informó a los representantes sindicales de los trabajadores de Zaballa del cierre el próximo 31 de octubre de los pabellones que se encuentran en la antigua prisión

Según ha explicado, este cierre afecta a más del 75% del total de la plantilla del centro penitenciario de Zaballa, ya que en estos pabellones viven alrededor de 160 funcionarios de Prisiones.

El presidente de Acaip-UGT ha informado de que Loza se ha comprometido posponer el cierre de las instalaciones y a impulsar un diálogo con las organizaciones sindicales "empezando de cero", desarrollando una "hoja de ruta" que finalice en una "solución acordada" en la que todas las partes obtengan una respuesta "satisfactoria".

 
"De momento, está suspendida la fecha del día 31 de octubre esperamos tener una negociación adecuada que garantice los derechos de los trabajadores", ha indicado.

Acaip-UGT ha criticado que esta decisión se ha adoptado por parte de la dirección del centro penitenciario "sin previo aviso" y en un momento "complicado", ya que se encuentra abierto el concurso de traslados para el centro de Zaballa. "El clima generado entre la plantilla de Zaballa es de mucha preocupación e inquietud", ha indicado.

En este sentido, ha avanzado que van a solicitar a la secretaria general de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior una reunión "de negociación y trabajo" para establecer "criterios y soluciones" a la situación que ha planteado "de forma unilateral" la dirección de Zaballa.

Según ha explicado, en el concurso de traslados iniciado en enero no se informó del posible cierre de los pabellones de vivienda, lo que ha provocado "inseguridad jurídica" y ha generado "mucha tensión" entre la plantilla, ya que esta decisión "no respeta las condiciones del concurso de traslados". "No se pueden cambiar las reglas", ha defendido.

Asimismo, desde el sindicato critican que la decisión está basada en "pretextos" que argumentan que la habitabilidad de las instalaciones no es la adecuada.

Al respecto, ha detallado que los funcionarios pagan alrededor de 280 euros al mes y que una parte de este dinero está destinada al mantenimiento de las instalaciones, por lo que "si tienen algún problema, quien debe hacerse cargo es la Administración".

Por otro lado, ha explicado que en esas instalaciones también viven 64 internos en tercer grado, por lo que se ha preguntado qué van a hacer con ellos, ya que cuentan con contratos en Vitoria y las localidades cercanas. "¿Qué hacen con ellos? No se ha dado ningún tipo de solución. Nos hemos encontrado con una idea de cierre pero sin ninguna hoja de ruta para hacerlo", ha reiterado.

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