Fuente: abc.es

El acuerdo, que suscribieron el presidente de Mercados de Barcelona, Jordi Portabella, y el secretario general de Servicios Penitenciarios, Rehabilitación y Justicia Juvenil de la Generalitat, Albert Batlle, prevé que algunas personas que tengan que ingresar en un centro penitenciario puedan resarcir su delito realizando actividades supletorias que van desde la ayuda al servicio de transporte a domicilio de la compra realizada por los clientes, hasta el mantenimiento y limpieza de las instalaciones.

Pisos para la inclusión

Por otro lado, la empresa Adigsa, que depende de la Conselleria de Medio Ambiente, cedió ayer cuatro pisos a la de Justicia para facilitar la inclusión social de reclusos en tercer grado. Dos de las viviendas están en el Tarragonès y las otras dos en el Vallès Occidental. Según Batlle, el acuerdo «facilitará el despliegue del proyecto de unidades dependientes, que consiste en disponer de pisos que tutelen entidades con solvencia en el ámbito social, fuera del recinto penitenciario, para que puedan reproducir la vida en comunidad, como paso transitorio a una vida en libertad».