Fuente: Idealdigital

Dice el tópico que las malas noticias vuelan, pero es que las buenas también viajan rápido. Como cabía esperar después de que se conociera el primer caso, al menos una decena de reclusos del presidio granadino de Albolote ha pedido acogerse al artículo 4 de la Ley del Menor que, por una pifia del Senado, va a tener una brevísima vida de 36 días: entró en vigor el pasado 1 de enero y quedará derogado el próximo lunes. Desconcertante, pero cierto.

El apartado en cuestión -que está escrito desde el año 2000 y nunca debió hacerse realidad- contempla la posibilidad de que los jóvenes delincuentes de entre 18 y 21 años puedan beneficiarse, siempre que cumplan una serie de requisitos (delitos menos graves, etc), de la más condescendiente legislación penal de menores, que, por supuesto, no prevé penas de cárcel para los infractores. En todo caso, y en los supuestos más graves, ingresarían en correccionales.

Pues bien, IDEAL publicó el miércoles que un reo de Albolote reclamó a la Justicia -concretamente, se dirigió por carta el tribunal de Menores número 1- acogerse al ya célebre artículo 4.

El interesado cree que su 'currículo' delictivo se ajusta a lo que dice el precepto nacido del error y, en consecuencia, quiere acogerse a él, lo que supondría su excarcelación. La argumentación es impecable: el artículo 4, aunque sea por un fallo clamoroso del Senado, está en vigor y es más beneficioso para el joven, luego, en principio, tendría derecho a que se le aplicase.

Crea escuela

Y lo cierto es que ha creado escuela. Otros presos de Albolote -que, aparentemente, se encuentran en una situación parecida- se han decidido también a dar el paso. Según fuentes de la penitenciaria, serían ya una decena (en toda España habría alrededor de un millar y medio de penados que podrían aspirar a beneficiarse del artículo 4).

Al parecer, será el magistrado del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria el encargado de ver qué se hace en este singular embrollo.

La historia del artículo 4 es compleja y curiosa. Su aplicación quedó en suspenso nada más ser redactado, en 2000. Luego, la suspensión se prorrogó en dos ocasiones. Pero no hubo una tercera, así que entraría en vigor el 1 de enero de 2007 y hasta el 5 de febrero no caducaría, fecha esta última en la que comenzará su andadura la nueva Ley del Menor.

El Gobierno cayó en la cuenta e intentó arreglar el dislate en el Senado. Todos los partidos apoyaron la iniciativa, pero la votación no se correspondió con ese espíritu. Un lío.