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PNV pide que Gallizo informe al Congreso sobre su 'compromiso' de sustituir la cárcel de Nanclares por una nueva prisión

El diputado del PNV Emilio Olabarria planteará la próxima semana en el Congreso de los Diputados una pregunta dirigida a la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, para que informe del grado de cumplimiento de su 'compromiso' de construir una nueva prisión en sustitución de la cárcel de Nanclares (Alava), del que lamentó que no existan noticias sobre avance alguno. Olabarria lamentó que, mientras tanto, sigue la sucesión de muertes en el centro, la última, la de un joven fallecido en su celda el sábado.

Fuente: terra

En una rueda de prensa en la sede del PNV en Vitoria, el diputado de esta formación denunció que, casi un año después del anuncio efectuado por Gallizo, 'no existe constancia de que se haya hecho nada de nada' para la construcción del nuevo centro penitenciario.

Olabarria mostró su preocupación por esta 'demora' y subrayó que el fallecimiento de un joven recluso el pasado sábado se suma a la 'macabra relación de muertes' ocurridas en la cárcel de Nanclares, prisión que, según dijo, presenta el mayor porcentaje de suicidios de todo el Estado. Además, denunció la 'masificación' del recinto, que según indicó, alberga a cerca de mil reclusos, cuando está habilitada para 500 plazas.

Al no tener 'ningún tipo de constancia' sobre la realización de gestiones destinadas a preparar la construcción de las nuevas instalaciones, anunció que la próxima semana volverá a preguntar en el Congreso a la directora general de Instituciones Penitenciarias sobre el grado de cumplimiento de su 'compromiso'.

Por otra parte, Olabarria volvió a reclamar la transferencia de la competencia sobre prisiones al Gobierno vasco y denunció que los argumentos del Ejecutivo central para oponerse al traspaso son 'insatisfactorios'.

'CADENA PERPETUA DE FACTO'

Asimismo, se refirió al futuro de la política penitenciara, para afirmar que no sólo debe modificarse el modelo de prisiones, sino que también debe abordarse el debate sobre la aplicación de la progresión de grado de los beneficios penitenciarios.

En su opinión, este análisis debe llevarse a cabo de forma que la cuantía de cumplimiento de las penas 'se cohoneste con el requerimiento constitucional de la reinserción social de los presos'.

En esta línea, consideró que la reforma legislativa que elevó hasta los 40 años la pena máxima efectiva para determinados delitos, especialmente los de terrorismo, es 'el colmo', puesto que supone 'una cadena perpetua de facto'.

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