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El seguimiento de los presos con suspensión de pena desborda a la cárcel

El Centro Penitenciario de Albolote batió el año pasado el récord de internos desde su apertura, en 1999, con una media de 1.724. En la prisión prestan servicio 462 funcionarios, de los que el 64 por ciento cumple tareas de vigilancia. Eso supone que cada funcionario de la cárcel empleado en labores de vigilancia debe atender a una media de casi seis presos.

Fuente: Granada Hoy

granada.jpgEl Centro Penitenciario de Albolote batió el año pasado el récord de internos desde su apertura, en 1999, con una media de 1.724. En la prisión prestan servicio 462 funcionarios, de los que el 64 por ciento cumple tareas de vigilancia. Eso supone que cada funcionario de la cárcel empleado en labores de vigilancia debe atender a una media de casi seis presos.

Pero a pesar del elevado ratio aparente, lo que realmente está “desbordando” a la Prisión Provincial es el obligado control de los internos beneficiados por la suspensión de la ejecución de la pena, una medida prevista por el Código Penal, y que dicta un juez o tribunal correspondiente del que se habían beneficiado hasta ahora los drogodependientes en proceso de deshabituación o internos en mal estado de salud.

Según recoge la última memoria de gestión de la prisión, los servicios sociales penitenciarios de Granada debieron “controlar” el año pasado 199 casos, lo que multiplicó por 18 el número de internos beneficiados de suspensión de ejecución de condena en el año precedente cuando sólo fueron 11.

El extraordinario incremento registrado en Granada se debe a que la medida alternativa de la suspensión de penas se ha empezado a aplicar en las condenas menos graves de delitos de violencia de género, excluyendo aquellos en los que se hayan producido lesiones, y también en las condenas de trabajo en beneficio de la comunidad. En general suelen ser penas de uno o dos años como máximo.

El director de la prisión granadina, Nahum Álvarez, admitió que “esto se ha incrementado de tal manera que tenemos verdaderas dificultades para dar abasto, estamos intentando canalizarlo, pero se ha multiplicado por mucho”.

La solución pasa por que la recientemente creada Subdirección General de Medidas Alternativas y Medio Abierto lleve a cabo “contrataciones de personal específicas para este área, que todavía no se han materializado pero yo creo que a corto plazo se llevarán a cabo porque es una necesidad que se ha creado allí y a la que hay que darle respuesta”.

Y es que el “control” de los casos exige el cumplimiento de un protocolo muy preciso, puesto que prevé la elaboración de un plan individual de intervención y seguimiento que debe ser aprobado por los órganos judiciales y que se irá modificando en atención al cumplimiento de las obligaciones y deberes a los que está sujeto el penado.

En el caso de los maltratadores, éstos tienen que someterse a un programa terapéutico que el centro penitenciario tiene en el exterior. “Es un programa lógicamente menos intenso que el que tenemos en el interior, dura varios meses y, una vez realizado, se les hace un seguimiento para que vayan a hablar con profesionales nuestros”, explicó Álvarez. La situación se interrumpe automáticamente en el caso de que el condenado cometa algún delito durante la suspensión de su condena o incumpla el régimen impuesto.

Durante el año pasado se dictaron 212 nuevas sentencias de trabajo en beneficio de la comunidad y se registraron 112 bajas, de las que 107 lo fueron por cumplimiento de veredicto. La gran mayoría de las sentencias se cumplió en colaboración con ayuntamientos, que brindaron 91 plazas, mientras que 9 ejecutaron trabajos en distintas ONG, 4 en el propio centro penitenciario y otros 3 en otras entidades.

Respecto al tercer grado, medida que permite a determinados reos un régimen abierto de semilibertad, se incrementaron notablemente, al constatar un aumento del 37 por ciento en comparación con el año precedente. Fueron en total 139, frente a los 101 de 205. Se mantienen diferencias en cuanto a la aplicación del tercer grado a hombres (10,3 por ciento)y mujeres (15,04 por ciento).

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