Fuente: EL PAIS.es

El convenio entre el Gobierno y la dirección de Instituciones Penitenciarias para la prestación de servicios a las cárceles vascas por parte de la administración autonómica expira mañana sin que ambas partes hayan mantenido una sola reunión. El ejecutivo decidió en febrero dar por terminado este convenio, vigente y renovado automáticamente cada año desde 1994, para forzar la reclamada reunión de la Comisión Mixta de Transferencias, y negociar el traspaso de las competencias penitenciarias. La administración central se niega porque las considera parte de la política antiterrorista.

La colaboración que han mantenido desde hace 13 años el Gobierno y la Dirección de Instituciones Penitencias, dependiente del Ministerio de Interior, tocará a su fin mañana, salvo alguna actuación poco probable de última hora. El Ejecutivo adoptó en noviembre un acuerdo formal para pedir la constitución de la Comisión Mixta de Transferencias, que no ha sido atendido por el Gobierno central. El Parlamento apoyó la petición el 30 de marzo.

El convenio que ha venido sustentando esa colaboración entre ambas administraciones desde 1994 expira mañana y el Ejecutivo autónomo no lo va a renovar esta vez. El consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, adelantó la denuncia de ese acuerdo en febrero pasado como forma de presionar al Gobierno central para que reúna la Comisión Mixta de Transferencias en la que negociar el traspaso de las competencias en materia penitenciaria, previstas en el Estatuto de Gernika.

La ruptura no afectará a la prestación de servicios a los reclusos de las tres cárceles vascas (Nanclares, Basauri y Martutene), según la intención del Gobierno, a expensas de conocer la posición que adoptará Instituciones Penitenciarias, que ayer no quiso pronunciarse al respecto.La prestación de esos servicios se hará, en consecuencia, y desde mañana, sin cobertura legal alguna, salvo que el Gobierno central decida asumirlos y ejercerlos directamente de nuevo.

El convenio marco fue firmado en 1994 por el entonces ministro de Interior y Justicia, Juan Alberto Belloch, y el consejero de Justicia, el socialista José Ramón Recalde. Desde entonces se ha prorrogado sin problemas y de modo automático cada año.

El Ejecutivo autónomo ha ido elevando su contribución económica en esta materia sin transferir hasta los cuatro millones de euros presupuestados en total para este ejercicio. Instituciones Penitenciarias aporta otros 408.000 euros, que con la expiración del convenio podrían perderse si su denuncia acarrea la supresión de esa partida.

El gesto es más político y de protesta que de orden práctico, dada la disposición del Gobierno a mantener las cosas como están, cubriendo todas las áreas en las que actúa dentro de las tres cárceles. También piensa seguir corriendo con el gasto, sin entrar siquiera a reclamar la recuperación de las cantidades empleadas, como ha hecho en cambio con otras actuaciones en materias no transferidas. "Ni siquiera nos hemos planteado realizar esa reclamación, porque ése no es el problema", aseguró ayer el titular de Justicia, Joseba Azkarraga, a este periódico.
Azkarraga emplazó en febrero a Instituciones Penitenciarias a aclarar por escrito su posición y a iniciar las conversaciones con la constitución de una ponencia técnica que estudiase el traspaso. Ninguna de ambas peticiones ha obtenido resultados. No se ha producido ni una sola reunión y Azkarraga reprocha hoy a la directora de Instituciones Penitenciaria, Mercedes Gallizo, el incumplimiento de un compromiso verbal que habría adoptado durante una visita a Euskadi para abordar la cuestión.
El Gobierno no quiso aceptar la transferencia en los años 80, cuando se realizó a Cataluña, por desacuerdo con las condiciones en que se le ofrecía. Desde entonces, la cuestión figuró en los informes sobre competencias pendientes aprobados por el Parlamento en 1993 y 1995 por unanimidad, pero el Ejecutivo no reclamó formalmente el traspaso hasta 2001, con el PP en el Gobierno central y unas relaciones muy deterioradas entre ambas administraciones. Después revalidó su exigencia en julio de 2005, nada más iniciarse el actual mandato. El Gobierno socialista sigue basando su negativa a abordar la transferencia en que la política penitenciaria forma parte de la lucha antiterrorista. El Ejecutivo vasco antepone a ello la obligación del central de cumplir una previsión estatutaria.