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Denuncian la carencia de programas para los 6.700 reclusos que sufren enfermedades mentales en Andalucía

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) denunció hoy la falta de programas específicos dentro y fuera de prisión para los reclusos que padecen algún tipo de enfermedad o trastorno mental, cuyo número supera en la comunidad a las 6.700 personas.

Fuente: Granada Digital

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) denunció hoy la falta de programas específicos dentro y fuera de prisión para los reclusos que padecen algún tipo de enfermedad o trastorno mental, cuyo número supera en la comunidad a las 6.700 personas.

De los 14.000 internos que existen en las cárceles andaluzas, 1.120 padecen enfermedades mentales graves y 5.600 trastornos mentales, a lo que habría que sumar los más de setecientos discapacitados psíquicos también reclusos, según los datos ofrecidos hoy en rueda de prensa por, Manuel Gamiz, miembro de la Comisión de Cárceles de APDHA.

La asociación lamentó que, tras la desaparición de los denominados "manicomios", las cárceles se

convirtieran en "nuevos almacenes" de enfermos mentales, a los que no se trata durante su internamiento, no se les ofrece alternativa, ni se les ayuda a reintegrarse en la sociedad.

Estos enfermos, señaló Gamiz, no suelen disponer de apoyo familiar ni de medios económicos y, además, acostumbran a reincidir en sus comportamientos delictivos puesto que no reciben un seguimiento por parte de los servicios sanitarios comunitarios.

Según la APDHA, si se crearan dispositivos socio-sanitarios para atender adecuadamente a estos enfermos, la mayor parte no entraría en prisión, puesto que la mitad de ellos delinque por haber sufrido un brote sicótico, generalmente por no haber recibido el tratamiento adecuado.

Precisó, en este sentido, que el que cometan delitos no depende tanto de su enfermedad mental, sino de su situación de "inadaptación social", puesto que casi el 64 por ciento de los enfermos mentales se encuentra cumpliendo condena por delitos contra la propiedad y el 11,1 por ciento por delitos contra la salud pública.

Por todo ello, desde esta asociación, que trabaja directamente con los presos en las cárceles andaluzas, exigen que la Junta de Andalucía tenga en cuenta a estos internos con atención preferente y se creen los recursos sociales, médicos, de rehabilitación, ocupacionales y residenciales suficientes para sus necesidades.

Piden asimismo que se financien y desarrollen programas de prevención en barriadas marginales con personas afectadas que se encuentren en situación de alto riesgo "predelicuencial".

Al Ministerio de Justicia y al Gobierno autonómico exigen, por su parte, la creación de plazas de psiquiatría forense adscritos a los juzgados.

Además, solicitan por parte de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias que se localicen a las personas que en las prisiones ordinarias tengan eximentes completas por trastorno mental en sus sentencias y que sean atendidas médicamente de forma adecuada.

También que se trabaje en la detección de trastornos mentales en la población penitenciaria para poder tener un tratamiento adecuado, que incluya un protocolo de actuación, un diagnóstico y tratamiento para enfermos mentales y discapacitados intelectuales. 

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