Fuente: EL PAIS.es

Los jueces andaluces condenaron en 2006 a 14 miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, agentes de policía local y funcionarios de prisiones por agresiones cometidas durante el ejercicio de sus funciones. Este es uno de los datos que recoge el informe que presentó ayer en Sevilla la coordinadora para la prevención de la tortura, que agrupa a 41 asociaciones. Según sus datos, en Andalucía se interpusieron el año pasado 139 denuncias por supuestos malos tratos cometidos por funcionarios públicos, la mayoría en en cárceles, comisarías y centros de acogida.
La coordinadora para la prevención de la tortura aglutina a 41 asociaciones, entre las que se encuentran Pro Derechos Humanos, Enlace y el Grupo 17 de mayo. El objetivo de la plataforma es "visualizar" los malos tratos que supuestamente se producen en prisiones, comisarías, centros de acogida y otros "sitios oscuros", según señaló ayer uno de los abogados de Pro derechos Humanos en Andalucía, Valentín Aguilar.
Los miembros de esta coordinadora hablan sin paliativos de "torturas", entendidas como "cualquier acto cometido por una autoridad pública en el ejercicio de sus funciones que infrinja un dolor en los ciudadanos". Bajo esta definición, el informe presentado ayer recoge que el año pasado fueron condenados por estas causas en Andalucía 14 funcionarios, la mayoría de ellos (nueve) agentes de la policía local. La provincia de Cádiz encabeza la lista con siete condenas, seguida de Granada, con cinco.

Aunque los miembros de la coordinadora afirman que la mayoría de los hechos agresiones se producen en cárceles y comisarías, nueve de las 14 condenas corresponden a actuaciones de la policía o la Guardia Civil tras un incidente de tráfico. La razón, según Aguilar, hay que buscarla en que las personas de condición social media denuncian más que los de sectores más desfavorecidos y a que los jueves les dan "mayor credibilidad". "Pero los que más torturas y malos tratos sufren son los excluidos" sostiene este abogado. Del estudio comparado de denuncias y condenas de los últimos años, se deduce que sólo el 7% de los funcionarios denunciados son condenados.

Según los datos de la coordinadora, el Gobierno "fue condenado o decidió abonar" indemnizaciones en cuatro casos (tres por muertes en prisión ocurridas en Sevilla, Huelva y Córdoba y uno por la muerte de siete inmigrantes en el incendio de una comisaría en Málaga en 2003). Entre las cuatro, el Estado abonó más de 250.000 euros, según los datos de la coordinadora.

El informe revela que el año pasado se interpusieron 139 denuncias en Andalucía, correspondientes a 55 casos (en algunos hay más de un denunciante). La comunidad acapara el 22,6% de las denuncias presentadas en España (610), lo que la sitúa como la segunda que más denuncias registró el año pasado, sólo precedida por Cataluña. Entre las 10 provincias con mayor número de denuncias hay tres andaluzas: Sevilla, con 69 (el doble que en 2005); Málaga, con 35; y Cádiz, con 23.

De las 139 personas que denunciaron haber sufrido malos tratos, 71 indicaron haberlos padecido a manos de agentes del Cuerpo Nacional de Policía; 50 por policías municipales; 14 por funcionarios de prisiones; tres por guardias civiles; y uno, por la policía autonómica.

El estudio constata también el incremento de personas que dicen haber sido agredidas tras haber participado en movilizaciones sindicales, así como las ocurridas durante la celebración de fiestas populares o competiciones deportivas. El informe recoge también que en 2006 se registraron en Andalucía 10 muertes en prisión, tres bajo custodia de la policía nacional y otras tres de la policía local.