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El SUP exige al Gobierno que aclare por qué la prisión dio un permiso al atracador de Motril

Los compañeros de los agentes heridos no aclaran si se cumplió el protocolo de seguridad al desconocer si existe.

Fuente: idealdigital

Uno de los dos atracadores que protagonizó el tiroteo en Motril el pasado lunes disfrutaba, en esos momentos, de un permiso penitenciario. Esta situación se repite con cierta frecuencia en la delincuencia con la que lidian día a día la Policía. No es raro encontrar casos de delincuentes que cumplen condena en prisión y que aprovechan los permisos de salida temporal que les concede Prisiones para volver a delinquir.

Pero la gravedad de lo ocurrido en la Costa granadina ha situado en el centro de la diana esta situación para, al menos, cuestionar cómo funciona el sistema en estos casos y qué criterios se siguen. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Granada alzó ayer la voz en este sentido durante una rueda de prensa ofrecida para mostrar su apoyo a los agentes que se encuentran heridos. Los compañeros de los policías han exigido al Gobierno que abra una investigación para saber por qué uno de los atracadores se encontraba de permiso penitenciario.

Esta pregunta se dirige específicamente a cuestionar si «cumplía los requisitos determinados en el reglamento de Prisiones» para disfrutar de esta libertad temporal. Algo que esperan sean esclarecido. Por otro lado, el delincuente más mayor también se encontraba reclamado por la Justicia suiza en la actualidad.

El protocolo

Por el momento, el Gobierno ha dicho que se investigará si se cumplió el protocolo de seguridad en estos casos. El jefe superior de la Policía en Andalucía Oriental encargó esta pesquisa tras lo ocurrido. Así lo dijo el delegado en Andalucía, Juan José López Garzón.

Los compañeros de los agentes no pudieron aclarar ayer si se cumplió con lo exigido o no en la intervención del atraco. Y no es de extrañar el desconocimiento. Explicaron que la Dirección General de la Policía es la encargada de desarrollar por escrito estos protocolos y desconocen si en Granada se ha hecho. Eso sí, descartaron que se tratase de una «negligencia» por parte de los agentes por cómo se desarrollaron los hechos.

En este sentido explicaron que la información sobre lo que había ocurrido en el banco cuando los agentes llegaron era muy escasa. Recibieron el aviso de que la alarma había saltado y acudieron a la sucursal a comprobar qué sucedía. «Cuando el agente llegó miró en el interior y no vio nada raro. No vieron encapuchados ni estaban en actitud amenazante. Además, entre otros, uno de los atracadores tenía 65 años, algo inusual», indicó Manuel Espino, secretario general del SUP en Andalucía.

Así, el policía entró en la entidad bancaria y sin posibilidad de defensa «lo arrojaron al suelo, lo desarmaron y le dispararon a corta distancia a la altura de la cabeza para asesinarlo, lo lográndolo gracias a que se desvió el disparo», apunta el sindicato policial. También destacaron que en el 98% de los casos de llamadas de alarma son falsos, algo que también pudo influir en la forma de actuar. El funcionamiento de estos avisos, en opinión del sindicato, debe cambiar porque no llega directamente la información a la comisaría de la ciudad donde se produce, sino a una central y luego a cada provincia. Algo que resta efectividad a la hora de actuar.

Junto a estas peticiones, el SUP ha pedido que los agentes que intervinieron en el atraco sean condecorados, además de avisar de que ejercerán la acción popular en el procedimiento penal para «conseguir que estos criminales se pudran en la cárcel».

Sobre los ciudadanos heridos, los representantes sindicales pidieron al Ministerio del Interior que se ponga a disposición de los mismos, además de «ofrecerles dinero a modo de indemnización inicial, sin perjuicio de la que resulte procedente como responsable civil subsidiario».

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