Así lo ha puesto de manifiesto la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedez Gallizo, en el marco de las I Jornadas sobre Terrorismo Yihadista que se están celebrando esta semana en Madrid organizadas por la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo.

A día de hoy, las cárceles españolas acogen a 54 internos implicados en delitos de terrorismo, 45 de ellos se encuentran régimen cerrado y siete en prisión preventiva.

Todos los condenados por los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, están encuadrados en el régimen penitenciario más estricto.

Gallizo ha reconocido que las prisiones pueden ser un "caldo de cultivo" para los procesos de radicalización de los reclusos de origen musulmán, que proceden en su mayoría de ambientes de "exclusión social".

Por ello, ha destacado que junto a las Fuerzas de Seguridad y los servicios de inteligencia, la administración penitenciaria debe jugar un "papel relevante" en la lucha contra el terrorismo islamista.

La operación "Nova", en la que se detuvo a una treintena de personas que habían sido adoctrinadas en las cárceles, fue "un toque de atención" sobre el grave peligro de radicalización de los reclusos, en un ambiente de "fuerte tendencia al proselitismo".

Por ello, a partir de los atentados del 11-M, Interior comenzó a desarrollar una política de control y prevención frente a la posible formación de grupos o células en las cárceles que pudieran servir de reclutamiento o de apoyo a grupos vinculados con estos movimientos.

Desde entonces, se hace un especial seguimiento de la labor de los imanes que acuden a las prisiones para atender el culto musulmán y que ahora deben estar reconocidos como tales por la Comisión Islámica de España

Actualmente hay 12 centros penitenciarios en los que prestan asistencia 11 imanes reconocidos.