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Piden 464 años para los 30 detenidos de la red que planeó atentar en la Audiencia Nacional

'OPERACIÓN NOVA' EN OCTUBRE DE 2004.


Según la Fiscalía, con el atentado se pretendía acabar con la vida de unas 980 personas.

Entre los procesados hay un español, quien recibía las cartas para eviar sospechas.

Fuente: Sin determinar

El fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Rubira solicita un total de 464 años y seis meses de cárcel para 30 presuntos terroristas islamistas, marroquíes y argelinos en su mayoría, que fueron detenidos en octubre de 2004 en el curso de la denominada 'operación Nova'.

Al supuestos líder de la célula, Abderahman Tahiri, 'Mohamed Acraf', se le acusa de crear cuatro células terroristas desde la cárcel de Topas (Salamanca) y de planear atentados contra diversos objetivos en España, entre ellos la Audiencia Nacional, que pensaban hacer volar estrellando contra ella un camión-bomba.

El Ministerio Público solicita para ellos penas de entre 2 años y medio y 46 años de cárcel por delitos de conspiración para cometer atentado terrorista, pertenencia a banda armada, falsificación de documentos oficiales y tenencia de útiles para la falsificación de tarjetas de crédito.

En su escrito de calificación provisional, que consta de 54 folios, el fiscal señala que 'Mohamed Acraf' constituyó, como emir en la cárcel de Topas, un grupo de personas adoctrinadas en el pensamiento del 'salafismo yihadista', conectado a Al Qaeda. Entre sus objetivos se encontraban, además de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, la estación ferroviaria de Príncipe Pío, el parque Tierno Galván o la sede del PP en la calle Génova.

Sobre este presunto cabecilla, el escrito añade que durante su permanencia en prisión, en 2000, ideó la formación de cuatro grupos encuadrados en la red terrorista denominada "Mártires por Marruecos", de los que sería coordinador: uno que pasó a controlar su hombre de confianza Said Afif cuando abandonó Topas; un segundo en el Centro Penitenciario de A Lama (A Coruña), liderado por Dibali Abdellah; un tercer grupo situado en la provincia de Almería y un cuarto formado en Levante por otro de los lugartenientes de 'Mohamed Acraf', llamado Djilali Mazari.

Para el atentado contra la Audiencia Nacional los terroristas trataron de adquirir 1.000 kilos de Goma 2 ECO, de los cuales 500 serían utilizados en esta atentado y el resto para otras acciones terroristas. Su propósito era cargar la dinamita en un camión y lanzarlo a toda velocidad contra el edificio de la Audiencia Nacional en la calle Génova.

El grado de preparación del atentado había llegado a tal extremo, según la Fiscalía, que hasta siete de los procesados (Said Afif, Kamara Birahima, Mustapha Farjani, Mohamed Boukiri, Mokhtar Siah y Mouad Duoas) habían manifestado su voluntad de inmolarse junto a Tahiri en la ejecución de este atentado.

La compra de la GOMA 2


Para tal fin, Tahiri se trasladó en julio de 2004 a Almería y solicitó a Birahima que comprara una tonelada de explosivo. El mauritano se puso en contacto con una persona de etnia gitana, llamada Antonio, si bien finalmente no se produjo la compra-venta. 'Momamed Acraft' también le pidió conseguir explosivo a una segunda persona que declarará durante el juicio como testigo protegido.

El líder de la célula también entró en contacto, mediante correo electrónico, con una persona llamada Salim, de la que se conoce que su nacionalidad es Palestina y que reside en Alemania, y que es especialista en electrónica. Fue encargado de fabricar el artilugio electrónico para hacer estallar el camión-bomba.

Según la Fiscalía, mediante este atentado se pretendía acabar con la vida de las personas que trabajan diariamente en la Audiencia Nacional, unas 980 entre jueces, fiscales, funcionarios, periodistas y público en general, así como destruir los archivos que afectan a otros procedimientos abiertos contra terroristas islamistas.

Entre los procesados hay un español, Baldomero Lara Sánchez, para quien el fiscal solicita 11 años de cárcel por pertenencia a banda armada, y cuya función en el grupo era la de recibir las cartas que iban dirigidas a otro islamista, Addila Mimon, para evitar las sospechas sobre las actividades terroristas de este último.

El sistema empleado por Lara, según el escrito de la Fiscalía, era que las cartas llegaran a su nombre como destinatario, utilizando el de su esposa como remitente. En su declaración judicial ante el juez Baltasar Garzón, que fue el instructor de esta causa, Baldomero reconoció que Mimon le pidió que pusiera su remite para mandar una carta a un nombre árabe de la provincia de Almería.

Adoctrinamiento en la cárcel
Los objetivos que persigue el Grupo Salafí para la Predicación y el Combate, al que pertenecían estos presuntos terroristas, son conquistar el poder mediante la 'Guerra Santa' a fin de establecer la Sharia o Ley Islámica, practicar esta guerra contra el mundo occidental, "como respuesta de la provocación que realiza contra la forma de vida musulmana" y la aceptación el martirio.

Una vez aceptados estos principios, los procesados recibían adoctrinamiento religioso y otro propiamente paramilitar, según el escrito de calificación provisional de la Fiscalía.

El adoctrinamiento religioso, que se realizaba en prisión, comprendía el estudio de la ley islámica, historia islámica y política islámica contemporánea, así como disciplina para conservar la fe "en el mundo de los no creyentes". La formación paramilitar incluía actividades propiamente terroristas, según la acusación pública.

Para la consecución de sus fines, la "célula" realizaba actividades como la de falsificación de pasaportes, tarjetas de residencia, duplicación de tarjetas de crédito y reclutamiento y adoctrinamiento de personas, "tanto en el ámbito penitenciario como de otras que se encontraban en situación legal en España desarrollando profesiones laborales diversas".

Además, los internos adscritos a este grupo en las cárceles enviaban dinero y cartas a otros presos con el fin de reclutarlos para su causa, tal y como se señala en la numerosa documentación epistolar incautada en esta "operación" y que será presentada como prueba en el juicio.

Los acusados son Tahiri (para quien se piden 46 años de prisión), Kamara Birahima (37), Said Afif (29 años), Mustapha Farjani (27), Mohamed Boukiri (27), Mokhtar Siah (27), Mouad Duoas (27), , Dibali Abdellah (13), Djilali Mazari (13), Majid Sahouane (13), Mohamed Arabe (11), Djanel Merabet (13 años y 6 meses), Baanou Abdulah (11),Eddebdoudi Taoufik (11), Mohamed Amine (11), Babir Belhakem (11), Mohamen Amin (11), Aspir Smali (11), Mustapha Zanibar (11), Soubi Kunic (11), Abdelkrim Bensmail (11), Salah Zelmat (11), Redha Cherif (11), Djamel Seddik (11), Mohamed Boualem (11), Hocine Kedache (11), Baldomero Lara Sánchez (11), Ahmed Chebli (11), Mourad Yala (2 años y seis meses) y Majid Mchmacha (2 años y seis meses de prisión).

 

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