Fuente: La Voz de Galicia

También ha puesto en marcha un programa de arrepentimiento, al que solo se han acogido un 10 % de los radicalizados
Cuando solo unas horas después de los atentados de las Ramblas y Cambrils las fuerzas de seguridad identificaron a Abdelbaki Es Satty como el imán que había radicalizado a los terroristas de Ripoll, los responsables de los programas de tratamiento de Instituciones Penitenciarias se echaron las manos a la cabeza. Es Satty había estado cuatro años preso por narcotráfico en la prisión de Castellón, donde había sido el responsable de dirigir los rezos de los reclusos musulmanes y en donde trabó cierta relación con Rachid Aglif, El Conejo, uno de los de los miembros de la célula del 11M. Es Satty salió de la cárcel el 29 de abril del 2014. Solo unas semanas antes, el Ministerio del Interior, tras una década de ensayos y programas piloto, había puesto en marcha un protocolo concreto para la detección de elementos radicales en las cárceles, más allá de los terroristas presos por yihadismo.

El imán de Ripoll -a pesar de sus encuentros con el CNI, Policía y Guardia Civil para convertirlo en confidente- nunca estuvo bajo supervisión formal «por cuestión de meses», afirman responsables de Instituciones Penitenciarias. Pero Interior, aseguran estas mismas fuentes, ahora no cometería el mismo descuido. Mucho menos, en los últimos meses, en los que ha intensificado la lucha contra el yihadismo en las cárceles. Divididos es tres gruposLos últimos informes oficiales de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que datan de este mismo jueves, dan cuenta de este esfuerzo creciente por combatir la yihad en las prisiones.

Según esos documentos, un total de 134 reclusos detenidos por cargos de terrorismo (72 preventivos y 62 penados) están incluidos en el programa de estricto seguimiento. Son el denominado grupo A, el único que controlaba el Ministerio del Interior cuando en el 2004 puso en marcha los embriones de seguimiento a los yihadistas en prisión, después de que la denominada operación Nova revelara la existencia de una célula que se había formado, también bajo las órdenes de un imán (Mohamed Achraf) en las prisiones de Topas (Salamanca), A Lama (Pontevedra), El Puerto (Cádiz), Villabona (Asturias) y Zuera (Zaragoza). En este primer grupo están los únicos tres presos por los atentados de Cataluña: Driss Oukabir (Soto del Real), Said Ben Iazza, (Sevilla 2) y Mohamed Houli (Castellón 2).
 
Pero el seguimiento de Interior ahora va mucho más allá. Prisiones mantiene a día de hoy bajo la lupa a otros 35 presos comunes (no por terrorismo) a los que considera posibles captadores o con «carisma» dentro de la población musulmana. En este denominado grupo B, según la nomenclatura de Instituciones Penitenciarias, habría entrado Es Satty, de haber existido esos programas en la época en la que estuvo entre rejas. Los especialistas de Interior también tienen en su punto de mira a otros 83 presos musulmanes (la inmensa mayoría marroquíes y sin antecedentes por terrorismo) por considerarles «influenciables» o «adoctrinables». Es el grupo C.

En total, a día de hoy hay 252 reclusos sometidos a estrecha vigilancia, una cifra que casi triplica el número de internos que comenzaron a ser monitorizados en el 2014 cuando comenzó a aplicarse el actual protocolo de supervisión yihadista. Entonces había 87 (45 terroristas, 9 posibles captadores y 33 potenciales adoctrinables).Disidentes minoritariosDesde los atentados del 17A no se ha renovado el protocolo de supervisión, pero sí que se ha incrementado en el último año la dispersión y el alejamiento de sus lugares de arraigo en España de los 252 presos monitorizados. Siguiendo un esquema muy similar al usado desde hace décadas con los reclusos de ETA, esa población penitenciaria (terrorista o susceptible de ser captadora o reclutada) se ha distribuido en medio centenar de centro de todo el país.

Los máximos responsables de la lucha antiterrorista no ocultan su satisfacción con este programa de supervisión, en el que los denominados grupos de control y seguimiento de los centros informan cada quince días a Interior de la evolución de los sospechosos. Mucho menos contentos están en el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska con los programas de desradicalización que se pusieron en marcha en el 2016, tras constatar que buena parte de los radicales de los tres grupos (A, B y C) abandonaban las prisiones con las mismas ideas salafistas. Actualmente, solo 23 de los 252 monitorizados (menos de la décima parte) participan «voluntariamente» en estos programas, que se imparten en ocho cárceles (que Instituciones Penitenciarias prefiere mantener en secreto) y que se han convertido en una suerte de vía Nanclares para los arrepentidos como la que en su día se puso en marcha con los presos disidentes de ETA.