El Defensor del Pueblo ha planteado ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas una serie de recomendaciones relativas a los permisos vinculados a la conciliación familiar y laboral de los funcionarios públicos de la Administración General del Estado (AGE), que aunque han sido “aceptadas” por la Secretaria de Estado de Administraciones Públicas actualmente se encuentran pendientes de desarrollo

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