Los hechos de la presente comunicación, dada su naturaleza, y por afectar a la salud e integridad física de un amplio colectivo de funcionarios, pueden constituir un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, sin perjuicio de cualesquiera otros que pudieran acaecer en un futuro. La situación descrita, siendo conocida por los responsables de la Institución Penitenciaria, supone un riesgo explícito para la integridad física de los funcionarios, constituyendo, en el mejor de los casos, un delito contra los derechos de los trabajadores

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