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EVISTA AGRUPACION CUERPOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE II.PP
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OCTUBRE/NOV
2012
w w w . a c a i p . e s w w w . p o r t a l f o r m a c i o n c o n t i n u a . e s
Página 13
Mientras Ulloa ha afirmado que los vigilantes sustituirán a
los funcionarios de prisiones en determinadas labores,
Yuste insiste en negarlo
El enfrentamiento entre uno y otro se inició el pasado 28
de junio, cuando Ulloa, compareció en la comisión de
Interior de Congreso de los Diputados. Entonces, Ulloa
anunció por sorpresa que los vigilantes privados no sólo
optarían a sustituir a policías y guardias civiles en la
custodia exterior de las cárceles, sino que también
relevarían a los propios funcionarios de prisiones en
determinadas funciones dentro de las cárceles. Ulloa puso
como ejemplo “mirar un monitor de seguridad dentro de la
cárcel”. El número 2 de Interior justificó la propuesta en la
imposibilidad por la crisis de crear las 1.800 nuevas
plazas de funcionarios necesarias para hacer frente a la
futura apertura de varios centros. “Hay que poner mucho
ingenio entre todos para poder paliar estas deficiencias”,
dijo después de incidir que “no queda más remedio que
buscar alternativas, la alternativa de la seguridad privada”.
El anuncio provocó la inmediata respuesta de los
sindicatos de prisiones.
La organización mayoritaria,
ACAIP
, denunció que detrás del argumento del ahorro
se escondía la intención del Gobierno de beneficiar a
las empresas privadas de seguridad. Su presidente,
José Ramón López
, afirmó entonces que estarían
“atentos” a la composición accionarial de las
compañías que finalmente consiguieran los contratos
y puso en duda que la medida supusiera un ahorro
para las arcas públicas.
Las críticas sindicales llevaron
entonces al máximo responsable de Instituciones
Penitenciarias a convocar a todos los sindicatos a una
reunión extraordinaria de la Mesa Delegada el pasado 10
de julio. En ella, Ángel Yuste, aseguró que las palabras de
Ulloa eran fruto del debate parlamentario, pero negó que
Interior hubiera puesto en marcha ninguna “iniciativa ni
proyecto” para sustituir a funcionarios de prisiones por
vigilantes jurados como se deducía de las palabras del
número 2 del departamento. Eso sí, el secretario general
de IIPP reconoció que la falta de personal hacía necesario
“general alternativas sostenibles y eficientes” para cubrir
las vacantes, pero no las concretó.
"Tareas auxiliares"
A partir de ese momento, la
polémica quedó silenciada...
hasta el pasado miércoles.
Ese día, el Ministerio del
Interior, y tras adelantar
Vozpópuli
dos días antes que
el
departamento
de
Fernández
Díaz
estaba
ultimando el plan para poner
en marcha la privatización de
la seguridad en las primeras
cárceles, informó a la prensa que dicho proyecto estaba
en marcha y que, como ya había anunciado en su día el
secretario de Estado, los vigilantes privados participarían
en "tareas auxiliares" dentro de las cárceles relevando a
funcionarios de prisiones. Un portavoz del ministerio, de
hecho, puso como ejemplo a un periodista de este diario
el mismo que utilizó Ignacio Ulloa en el Congreso: "Para
observar los monitores de dentro de la cárcel". Una
información en el mismo sentido fue recogida al día
siguiente por el diario El País, lo que provocó la inmediata
reacción de los sindicatos de prisiones, sobre todo del
mayoritario ACAIP, que inmediatamente se puso en
contacto con el máximo responsable de Instituciones
Penitenciarias.
Según se recoge en un comunicado que
ACAIP
colgó
ayer en su página web, Yuste aseguró que la información
transmitida por Interior a los periodistas era errónea y que,
de hecho, el pliego de condiciones del contrato que la
Secretaría de Estado de Seguridad está ultimando para
presentárselo a las empresas de seguridad interesadas
en participar en la protección de las prisiones reflejará
explícitamente que el personal de vigilancia privada se
incorporará únicamente como personal de apoyo a la
custodia exterior en sustitución de policías y, sobre todo,
guardias civiles, pero nunca para puestos actualmente
ocupados por funcionarios de prisiones. El secretario
general de Instituciones Penitenciarias incluso rectificó a
Interior en el número de prisiones en el que se aplicará la
privatización antes de acabar el año: habló de un número
que oscilará entre los 15 y los 21, "dependiendo de las
disponibilidades económicas".
Veinticuatro horas después, los mismos portavoces de
Interior que habían informado que una parte de las
funciones de los funcionaros de prisiones se verían
afectadas por la privatización en marcha, cambiaban de
discurso y se alineaban con la tesis defendida por Yuste.
Incluso, se pusieron en contacto con los dirigentes
sindicales para reconocer su error en la transmisión de la
información a la prensa. No obstante,
ACAIP
aseguraba
en el comunicado colgado en su página web que
permanecerán atentos a cualquier intento de privatizar
puestos de funcionarios y que, en caso de intentarlo, "se
opondrá absolutamente a la misma".