Fuente: El Diario Montañés

Instituciones Penitenciarias prepara para los próximos meses un programa para controlar vía satélite a los agresores sexuales que accedan a permisos de salida antes de cumplir la totalidad de la condena. El éxito de recientes experiencias piloto para supervisar a distancia por GPS a los violadores excarcelados ha animado a los responsables de prisiones a decantarse por este sistema para evitar que vuelvan a delinquir y tratar de «prepararles de forma gradual para la vida en libertad».

La directora de prisiones, Mercedes Gallizo, tiene desde hace unos días sobre su mesa un voluminoso informe con las conclusiones del programa experimental de supervisión telemática de los violadores. Este ensayo, denominado oficialmente Permisos de Especial Control (PEC), se desarrolló de manera muy discreta entre febrero y agosto de este año, y en él participaron ocho agresores sexuales de cárceles madrileñas, ninguno de los cuales quebrantó las reglas durante las dos salidas que se les autorizaron.

Eran reclusos en segundo grado penitenciario, con buen comportamiento carcelario, apoyo social y familiar y contra los que no había «razones penitenciarias» para negarles los permisos que solicitaban como el resto de los internos. Es más, las juntas de tratamiento les consideraban plenamente capacitados para disfrutar de breves salidas salvo por el riesgo de que excarcelaciones de este tipo sean aprovechadas por los agresores para reincidir.

Permisos

A estos reclusos, que ya habían gozado de otros permisos sin incidentes, se les puso una pulsera dotada de GPS, acompañada de un emisor poco mayor que un teléfono móvil. Este dispositivo, diferente al utilizado desde hace años con los presos que acceden al régimen de semilibertad, tiene una prestación básica: sitúa en todo momento sobre un callejero o un mapa al interno, que es supervisado 24 horas al día por un funcionario a través de un monitor. El vigilante, además, puede comunicarse a través mensajes cortos escritos (de tecnología móvil GSM) con el preso en el caso de que haya cualquier incidente.

Este sistema -explicaron fuentes de Instituciones Penitenciarias- permite igualmente establecer 'zonas de exclusión' a las que los violadores no podrán acercarse sin que salte la alarma, tales como colegios, residencias de víctimas de agresiones sexuales o cualquier otro lugar que establezcan los responsables del programa. Al interno monitorizado además se le puede obligar a 'fichar' a ciertas horas en su domicilio. Los responsables del proyecto advierten a Prisiones en su informe de que este sistema telemático es de carácter disuasorio.

«Igual que una cámara de seguridad en un banco, que no evita los atracos, pero puede persuadir a los ladrones de no asaltar la sucursal», explicaron de manera gráfica. El objetivo es que el violador condenado sepa que si hay una agresión sexual, Instituciones Penitenciarias sabrá de inmediato si el preso se encontraba en las inmediaciones.