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Los juristas critican la «falta de medios» para reeducar a los presos en las cárceles

Expertos en Derecho Penitenciario afirman que los reclusos ignoran la liquidación de su pena y «carecen de tratamientos individualizados» El Colegio de Abogados inauguró ayer las primeras jornadas sobre esta materia que organiza junto con la Asociación Criminológica Asturiana.

Fuente: elcomerciodigital.com

LetradosLas jornadas de Derecho Penitenciario, actividad que organiza por primera vez en la ciudad el Colegio de Abogados de Gijón conjuntamente con la Asociación Criminológica Asturiana, pusieron ayer de manifiesto en la sede del órgano profesional gijonés dos visiones de la política penitenciaria totalmente contrapuestas.

Por un lado la de los juristas que trabajan en el ámbito carcelario que, desde tesis más liberales, denuncian las miserias de un sistema que no cumple sus fines primordiales de reinserción y reeducación de los reclusos por falta de medios e infraestructura. Y en el extremo opuesto, rebatiendo todas esas críticas, se sitúa la opinión de los funcionarios de prisiones, quienes rechazan de plano que existan deficiencias en la atención y tratamiento de los internos de los centros penitenciarios.

La primera de las posturas la defendió en el arranque de las jornadas Anabel Prieto, abogada y criminóloga. La jurista, que explicó pormenorizadamente todo el proceso de intervención del letrado en el ámbito penitenciario desde que el recluso -penado, preventivo o detenido- ingresa en prisión hasta que obtiene la libertad, aseguró que su experiencia cotidiana en Villabona demuestra que muchos presos ignoran hasta cuándo se producirá la liquidación de su pena. «Las intenciones de la ley y del reglamento penitenciario son muy buenas, pero a la hora de la verdad los centros de reinserción social están medio vacíos», criticó la letrada, que también es vocal de la Asociación Criminológica Asturiana.

Vínculos con el exterior

«La realidad es que la escasez de medios en los centros penitenciarios, sobre todo de equipos técnicos que hagan el seguimiento de los progresos del interno, impide que los tratamientos sean individualizados», aseguró Prieto, quien agregó que esto se traduce en sistemáticas pérdidas «de derechos de permisos, reducciones de grado penitenciario y libertad condicional». Además, la jurista abogó por que la política penitenciaria «en ningún caso prisionalice a los internos y les haga perder los vínculos con el exterior».

Por su parte, Gregorio Chamorro, funcionario de la oficina de régimen de la prisión de Mansilla de las Mulas (León), centró su intervención en los requisitos y modalidades que existen en la actual legislación penal para obtener la libertad condicional. Tras rechazar las duras críticas de su antecesora ante el micrófono, explicó, entre otras cuestiones, que un terrorista con delitos de sangre «no conseguirá el tercer grado antes de 32 años y la libertad condicional antes de 35».

Hoy concluyen las jornadas con otras dos ponencias y una mesa redonda. Los ponentes serán el abogado Alejandro Riera, que disertará sobre la problemática del extranjero en prisión, y Bernardo Hidalgo, trabajador social de la cárcel de Villabona, que hablará sobre su ámbito laboral en las prisiones.

A la mesa redonda posterior se incorporarán junto a los dos ponentes y dos juristas-criminólogos Gerardo Herrero, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, y Alfonso Barrada, juez de vigilancia penitenciaria de Asturias.

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