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La nefasta atención sanitaria en las prisiones provoca una denuncia ante el Defensor del Pueblo

Fuente: La Moncloa

La ‘telemedicina’ se ha instaurado en las prisiones. El déficit de médicos en los centros penitenciarios y la falta de ejecución de las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias han hecho que los funcionarios de prisiones interpongan una denuncia ante el Defensor del Pueblo para tratar de mejorar la asistencia sanitaria de la población reclusa. Esta denuncia ya ha sido admitida a trámite y tiene como objetivo garantizar una asistencia médica idónea para los internos. La “telemedicina” hace aguas en las prisiones.

MONCLOA.com ha tenido acceso a dicha denuncia en la que se exponen las problemáticas en materia sanitaria a la que se enfrentan los centros penitenciarios dependientes del ministerio del Interior. La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP) ha individuado diversos problemas en dicha queja sobre la atención sanitaria a los reclusos. “La Administración Penitenciaria ha implantado un Proyecto Piloto de Guardias Telemáticas de Apoyo con profesionales de Instituciones Penitenciarias. Se trata de establecer consultas telefónicas a la población reclusa en la atención primaria que asumen los médicos de prisiones”, explica ACAIP en su denuncia ya que esta medida está siendo objeto de críticas y de una oposición frontal de todas las organizaciones sindicales con representación en la Mesa Delegada de Instituciones Penitenciarias. Con ello, no cabe duda que la “telemedicina” en las prisiones ha mermado la atención médica en celda, así como la escasa intervención de los facultativos (si es que hay) cuando se producen altercados con lesiones.

la “telemedicina” en las prisiones ha mermado la atención médica en celda

 

Es por ello que ACAIP ha decidido denunciar esta situación ante el Defensor del Pueblo. Para el sindicato de funcionarios de prisiones, se están vulnerando derechos fundamentales como no garantizar un derecho a la vida digna en materia de salud a los internos. La legislación recoge que “la Administración penitenciaria velará por la vida, integridad y salud de los internos”, por lo que garantizar una correcta atención sanitaria es necesario. Asimismo, el legislador vincula el derecho a la vida de las personas privadas de libertad a su salud por lo que es necesario garantizar una correcta atención médica.

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