Fuente: informacion.es

La mitad de los funcionarios de prisiones que tienen que comparecer como testigos en la repetición del macrojuicio de Fontcalent ha pedido a la Audiencia declarar por videoconferencia desde el centro penitenciario. Diez funcionarios han remitido un escrito al presidente de la Audiencia en el que advierten de que están preocupados por las posibles represalias que pueden sufrir si son reconocidos en la sala. Los magistrados de la Sección Primera, que son los encargados de organizar el juicio, todavía no han tomado una decisión.

El Tribunal Supremo obligó en mayo a la Audiencia a repetir el juicio porque los acusados declararon por videoconferencia al entender que se vulneraron sus derechos. Los funcionarios defienden que los testigos sí que pueden comparecer por videoconferencia sin que se mermen los derechos de los acusados. El juicio del motín de Fontcalent empezará el 30 de enero y está previsto que concluya el 17 de febrero. Los 13 acusados del motín de 1990 van a ser trasladados a la sala de vistas entre excepcionales medidas de seguridad.

El Tribunal Supremo anuló la sentencia de 2002 que condenó a doce acusados a 763 años de prisión y absolvió a 7 procesados. Era la primera vez que el Supremo se pronunciaba sobre la legalidad del uso de la videoconferencia en los juicios. El macrojuicio de Fontcalent se inició con un arduo debate procesal al entender los abogados de los acusados que se estaba vulnerando el principio de inmediación. La Audiencia justificó la utilización de la videoconferencia en que era la mejor manera de garantizar la seguridad dada la peligrosidad de los procesados. Sin embargo, el Supremo falló que el empleo de las nuevas tecnologías debía ser excepcional y que no estaba justificado el uso de la videoconferencia para ahorrar gastos o molestias en los traslados porque la obligación del Estado es «facilitar los medios» para garantizar el derecho de defensa.

Los diez funcionarios que ahora se han dirigido a la Audiencia entienden que la utilización de la videoconferencia sí estuvo justificada «con independencia de los defectos formales» por la peligrosidad de los acusados. Los trabajadores de Fontcalent apuntan en su petición que durante la primera vista oral tuvieron que hacer frente «a las críticas, desaires, improperios, agresiones verbales y casi físicas de los presentes en la sala», sobre todo familiares y amigos de los imputados.

Los testigos se lamentan de que tuvieron que comparecer «a cara descubierta» ante más de un centenar de espectadores del macrojuicio, «afrontando, sin ninguna seguridad, múltiples amenazas» contra su integridad, según recoge el escrito.

Los diez funcionarios de prisiones consideran que la repetición íntegra del juicio después de cuatro años no sólo les infringirá «daños morales, sino que habilitará un estado de riesgo absoluto».

El documento de los funcionarios de prisiones que estudia la Sección Primera incluye una instrucción de la Fiscalía, que sí admite en casos excepcionales la declaración por videoconferencia de testigos y peritos. Los trabajadores de Fontcalent inciden en que su solicitud responde a «una posibilidad cierta de peligro» y advierten de que la ley obliga a los jueces a proteger a los testigos.

Los diez testigos que se sienten amenazados recuerdan que «los hechos que motivan el presente sumario ocurrieron en las instalaciones de un centro penitenciario, fueron protagonizados por internos y contaron con el apoyo "popular" de otros muchos reclusos». Los funcionarios añaden que tendrán que convivir en la prisión con algunos reclusos una vez celebrado el juicio.

Los trabajadores de Fontcalent reiteran que los acusados son personas «de carácter violento y peligrosamente reincidente. Algunos de ellos ya han sido condenados por asesinatos como los que se enjuician en esta causa. Durante el transcurso del motín, los internos mostraron un ánimo revanchista contra la institución penitenciaria. Si los testigos nos enfrentamos en sala directamente con los acusados existe un riesgo más que probable de que seamos agredidos en el centro penitenciario, no sólo por los acusados que seguirán cumpliendo condena, sino por un sector numeroso de la población reclusa».

Los funcionarios están convencidos de que si los internos llegan a conocer su identidad, «sus familiares y conocidos podrán tener acceso a dicha información. Durante la celebración de la vista y a la salida de la misma, fuimos amenazados -en algunos casos hasta la muerte-, siendo palmaria nuestra sensación de desprotección y desamparo», señala el documento.

Los diez funcionarios, que piden que sólo se les reconozca por su número profesional, concluyen el escrito apuntando que el auto que obliga a repetir el juicio exige que se adopten las medidas de seguridad oportunas ya que hay «un claro, notorio y evidente riesgo de peligro para los que comparecen en la causa como testigos». En el juicio van a ser juzgados 13 acusados por los delitos de secuestro, asesinato, homicidio frustrado y lesiones.