Fuente: terra

Según las cifras que aportó Gallizo ante la comisión de Interior de la Cámara alta, a fecha del pasado 30 de marzo el numero de internos clasificados en tercer grado era de 5.609, un 15,8 por ciento del total de la población reclusa, lo que significa que el 27 por ciento de las resoluciones clasificatorias lo son en ese grado.

Este dato pone de manifiesto, a juicio de Gallizo, 'el esfuerzo por hacer del Medio Abierto un elemento fundamental en la aplicación de una política basada en la reeducación y reinserción social, y en un instrumento eficaz para evitar la reincidencia'.

La responsable de Instituciones Penitenciarias recordó que en la última década se produjo un aumento importante de la población reclusa mientras que el porcentaje de presos en régimen abierto se mantuvo en torno al doce o trece ciento, e incluso en 2004 se redujo hasta un diez por ciento sin que esas cifras se correspondieran con un incremento de la delincuencia.

Gallizo achacó esa desproporción a una cultura de 'negación de las políticas basadas en la reinserción y reeducación' que alejó a España de los países europeos (donde el porcentaje de internos en tercer grado es del 25 por ciento) y del espíritu constitucional.

La directora general se mostró satisfecha con el nuevo impulso que se ha dado al régimen abierto y, como medidas concretas, señaló que se ha propuesto conseguir que los Centros de Inserción Social (CIS) 'no sean meros dormitorios a los que el penado acude al final del día, sino que sean espacios de tratamiento e intervención'.

Instituciones Penitenciarias pretende también modernizar los sistemas de seguimiento y emprender programas de apoyo y asesoramiento para familiares de acogida de presos.

Gallizo defendió la efectividad del medio telemático gracias al cual el preso cumple la pena de privación de libertad en su domicilio.

'Se trata de una forma de cumplimiento que permite al interno atender a sus demandas personales y laborales en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos' con la única limitación de portar un sistema de control telemático, añadió.

A fecha del pasado 30 de marzo, el número de personas a las que se ha aplicado este programa ha sido de 3.635, de las que 1.211 portaban una pulsera telemática.

Solo uno de ellos intentó alterar el funcionamiento del sistema, dato que, para Gallizo, avala la eficacia del programa.

Afirmó que 'es una forma segura, rigurosa, y rentable de responder a la exigencia legal', ya que permite localizar al interno, quien a su vez puede atender sus demandas personales y laborales no generando costes al Estado.

En cuanto a las penas y medidas alternativas a la prisión, Gallizó recordó que en el año 2006 se dictaron mas de nueve mil sentencias de trabajo en beneficio de la comunidad, por lo que la Administración Penitenciaria esta realizando el esfuerzo inversor necesario para dar una respuesta adecuada a la nueva exigencia legal.

Actualmente se ofertan más de cinco mil plazas para el cumplimiento de penas de trabajo en beneficio de la comunidad, incluidas las que ofrece la propia Administración Penitenciaria.

Se ha aumentado el personal de servicios sociales penitenciarios y centros de inserción y se pretende poner en marcha al menos un programa de intervención por cada modalidad de pena, especialmente en casos de violencia de género.

En este sentido, se ha previsto un programa especifico de intervención en cada centro que existan presos por delitos de malos tratos y agresión social.