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Acaip
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de carácter burocrático, las cuales en muchas ocasiones dan respuesta inadecuada a las
necesidades dinámicas de la función penitenciaria.
Desde hace ya varios años se ha venido plasmando en diversos documentos y proyectos la
necesidad de dictar una normativa específica para el personal de Instituciones Penitenciarias que
se adapte a las características especiales de su función y a las condiciones en que desarrolla su
trabajo. Cabe citar como ejemplos los siguientes:
A.
El Documento
"Reflexiones para la Modernización de la Administración del Estado",
editado por el Ministerio para las Administraciones Públicas en 1990
, pese a centrarse en
aspectos organizativos y de gestión con preferencia sobre las modificaciones normativas,
propone el establecimiento de unas reglas generales básicas para todos los colectivos,
paralelamente al dictado de estatutos específicos para algunos de ellos, entre los que cita
expresamente al personal de Instituciones Penitenciarias.
B.
En
1992 se encargó por la entonces Secretaría General de Asuntos Penitenciarios a un
grupo de trabajo procedente de la Universidad la redacción de un Proyecto de Estatuto
del Personal de Instituciones Penitenciarias
. Dicho proyecto llegó a estar completamente
elaborado, pero no llegó a ver la luz por el rechazo que produjo entre el colectivo alguna
de sus previsiones. En el fondo se trataba de una Ley propia en materia de personal, que
suponía la salida de los funcionarios penitenciarios de la Ley 30/84 y una posible
militarización a través de la creación de un cuerpo armado que se haría cargo de la
seguridad exterior de los Centros así como de las conducciones de la población reclusa,
sustituyendo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Es decir, nos encontrábamos
con una legislación que se retrotraía al pasado rompiendo el carácter civil y el fin
constitucional de la Institución Penitenciaria, utilizando en su articulado numerosos textos
de legislaciones franquistas.
C.
En el proyecto de Ley que más tarde se convertiría en la 42/1994, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y de orden social, se incluyó un artículo semejante al