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Congreso
31 de enero de 2012.—Núm. 29
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de policía, ampliando esta integración a las policías
locales. Creemos que de esta manera prestamos un ser-
vicio a los ciudadanos, generamos ahorro y optimizamos
los recursos escasos disponibles. Estas medidas nos
permitirán reducir el volumen de infraestructuras y, por
tanto, generar también ahorro. En sexto lugar, la creación
de un sistema nacional de información policial que
integre todas las bases de datos policiales conjuntas,
incorporando las policías autonómicas mediante los
oportunos convenios y policías locales en un único sis-
tema nacional de información policial perfectamente
interconectado con las bases de datos judiciales. Por
último, la elaboración de un plan de eficiencia policial
que permita reducir el déficit histórico en las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya deuda alcanza
en estos momentos, solo en el Cuerpo Nacional de
Policía, los 175 millones de euros.
Voy terminando, señorías. Dentro de la política de
austeridad y racionalización en el empleo de los recursos
públicos que va a emprender tanto el Ministerio del
Interior como el conjunto de las administraciones
públicas durante esta legislatura, les anuncio que vamos
a abordar una importante reducción de los servicios de
protección o escolta tal y como se venían prestando hasta
el momento. Les daré algunos datos. En España, más
de 1.500 personas tienen protección o servicio de escolta
en estos momentos, sin contar los electos locales, cuya
protección normalmente es asumida por las policías
locales. Este número de protegidos se traduce en
que 2.668 guardias civiles y policías están asignados a
funciones de protección, a lo que debemos sumar más
de 700 escoltas privados que se pagan con cargo al pre-
supuesto del Ministerio del Interior —otro tanto es
pagado por el Gobierno vasco—. Esta situación tiene un
impacto en los presupuestos del Estado anualmente de
más de 160 millones de euros, de los cuales cien millones
de euros están dedicados a la protección en el País Vasco
y en Navarra a cargo de escoltas privados. Es verdad que
nuestro país y nuestros ciudadanos han padecido durante
décadas la permanente amenaza del terrorismo de ETA
que ha justificado plenamente esas actuaciones —una
amenaza que entre todos tenemos que conseguir que
desaparezca definitivamente de nuestras vidas, y a ello
me he referido en el frontispicio de mi intervención—,
pero también es cierto que, aun considerando como
consideramos la pervivencia latente de esa amenaza
terrorista de ETA, nuestro análisis de la situación actual
colige que el número de protegidos y de protectores está
muy por encima de lo que estimamos como razonable
en estos momentos.
Hemos realizado una comparativa con los países de
nuestro entorno —puedo hablarles de Francia, Holanda,
Reino Unido, Alemania— y puedo asegurarles que,
habiendo padecido algunos de esos países un problema
de alguna manera similar al nuestro, observamos un
desfase extraordinario entre nuestras cifras. Señorías,
mientras en España el número de escoltados se cuenta
por centenares, en otros países de la Unión Europea se
cuenta por unidades. Por esta razón, he ordenado a la
Secretaría de Estado de Seguridad la puesta en marcha
de un plan de reducción de los servicios de protección
que tendrá su singularidad y su excepcionalidad, como
es obvio, en el País Vasco y en Navarra. En el caso del
País Vasco se está realizando ya en coordinación con el
departamento de Interior del Gobierno vasco. Tuve oca-
sión de hablar la semana pasada con el consejero Ares
de este asunto, y el departamento de Interior del Gobierno
vasco y la Secretaría de Estado de Seguridad ya están
trabajando en ese plan. Este plan, en lo que hace refe-
rencia al País Vasco, será desarrollado en las próximas
semanas partiendo de un análisis de riesgo individuali-
zado basado en criterios objetivos con el fin de deter-
minar qué personas deben efectivamente ser protegidas,
tanto en función del cargo que ocupan como del riesgo
personalizado que tienen, y la entidad de los dispositivos
de protección a establecer, sin perjuicio —esto lo quiero
enfatizar porque acabo de estar en el País Vasco y sé muy
bien la sensibilidad que al respecto existe y que está
perfectamente justificada— de la reversibilidad de las
decisiones que se adopten.
También en el capítulo de racionalización hemos de
hacer referencia al ámbito de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias. Por ejemplo, en el pasado
la ejecución de la programación de infraestructuras se
ha planificado primando la construcción de centros de
inserción social (CIS) y forzando el destino de penados
a un régimen de vida en semilibertad, muchos de los
cuales cumplen condenas por delitos graves. Entiendo
que esta política debe ser objeto de revisión, como debe
serlo también la política de construcción de esos centros,
sobre todo teniendo en cuenta —como digo— la situa-
ción económica y presupuestaria que debemos afrontar.
Es incompatible, por ejemplo, con la idea de austeridad
que algunas de esas instalaciones, como la del diseño
del proyecto tipo, tenga elementos claramente suntuarios
como piscinas cubiertas, televisores en las celdas, etcé-
tera. Nos parece que esto no obedece a razones de rein-
serción, que es la finalidad fundamental, y que, teniendo
en cuenta las razones presupuestarias, deben ser revi-
sadas.
Por último, en el ámbito específico de la Dirección
General de Protección Civil y Emergencias, el propósito
de racionalización nos obliga a prestar atención a la
evolución de la realidad institucional desde 1985, cuando
fue aprobada la ley correspondiente, marcada por el
traspaso de competencias a favor de las comunidades
autónomas y la aplicación de las normas derivadas de
las directivas europeas, todo lo cual ha provocado que
esa Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil,
haya quedado claramente obsoleta. Asimismo, la Admi-
nistración General del Estado, además de desarrollar sus
propias competencias mediante los correspondientes
planes estatales de protección civil y la labor de coordi-
nación de la Comisión Nacional de Protección Civil, ha
puesto también en funcionamiento recursos importantes
para la atención de las emergencias, como ha sido la