Congreso
31 de enero de 2012.—Núm. 29
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mendaciones. En segundo lugar, es necesario definir un
modelo de gestión en el que la policía cumpla las tareas
que por razón de sus funciones le corresponden, es decir,
la seguridad, mientras que aquellas que no se circuns-
criban al referido ámbito —el de la seguridad— sean
asumidas por otro personal especializado, al tiempo que
se incluyen las fórmulas para mejorar el servicio asis-
tencial y sanitario de los centros y dedicar el espacio
adecuado a actividades comunes y de recreo.
En cuanto a la seguridad vial tuve ocasión de decir
—y además lo digo con la tranquilidad que me da decir
que es evidente que no es un éxito que este ministro se
pueda adjudicar ni pretende hacerlo— que hemos obte-
nido en el año 2011 el récord histórico de bajar del límite
de las 1.500 personas fallecidas en nuestras carreteras.
Pero hemos de plantearnos nuevos retos, no podemos
quedarnos quietos. La mejora, por tanto, de la seguridad
vial se erige en el sexto eje estratégico de la acción del
Ministerio del Interior. El número de muertes que cada
año se registran en nuestras carreteras sigue exigién-
donos a los poderes públicos, aunque hayamos llegado
al nivel que les he comentado, mantener un esfuerzo
importante en este ámbito. Casi 1.500 muertos son
casi 1.500 razones para seguir trabajando en mejorar
nuestra seguridad vial. Por tanto, mi compromiso es
seguir apostando por reducir la siniestralidad. La con-
ducción bajo los efectos del alcohol o de las drogas, las
conductas temerarias y los excesos de velocidad deben
ser comportamientos a suprimir en el conjunto de nuestra
sociedad. Las nuevas medidas que se propondrán desde
el ministerio, si me lo permiten, señorías —entiendo que
es razonable lo que les digo—, serán objeto de explica-
ción detallada ante la Comisión permanente no legisla-
tiva de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible que ha
sido creada en esta Cámara y que estarán encaminadas
a la eliminación de redundancias e ineficiencias y a la
mejora de la transparencia en la gestión. A ello me
remito.
El séptimo eje de nuestras prioridades pone el acento
en proporcionar seguridad al mundo de la cultura.
Recuerden mi presentación inicial, cuando hablaba del
concepto de seguridad desde una perspectiva integral y
poliédrica. El mundo de la cultura y de manera particular
la protección del patrimonio histórico-artístico frente al
expolio y la exportación ilegal. Es preciso crear registros
informáticos de establecimientos dedicados a la
compra-venta de obras de arte y de casas de empeño,
previniendo la materialización de la venta de los efectos
sustraídos mediante un seguimiento actualizado de las
operaciones de compraventa y transacciones. En relación
con esta estrategia también propondremos la creación de
un sistema de ficheros de piezas de joyería singulares y
obras de arte con fotografías, así como la digitalización
de los libros de policía de los comercios de antigüedades,
galerías y salas de compra-venta de obras de arte de tal
modo que puedan ser consultados telemáticamente,
facilitando de esta manera la búsqueda y rápida identi-
ficación en el caso de sustracción tanto a nivel nacional
como a nivel internacional. Para evitar la recurrencia,
que empieza a ser demasiado frecuente, por desgracia,
de robos de obras de arte en los últimos años, en especial
de obras procedentes de iglesias en zonas rurales o ale-
jadas de los núcleos de población, será preciso reforzar
la labor de la brigada de patrimonio histórico del Cuerpo
Nacional de Policía y la del grupo de patrimonio histó-
rico de la Guardia Civil, y así lo vamos a hacer.
En un periodo de esfuerzo presupuestario como el
presente, en el que la generación de recursos humanos
y materiales va a ser limitada —como todos sabemos y
yo les recordaba— hay que procurar que los resultados
finales no se resientan mediante la racionalización de los
medios y efectivos que constituye el octavo eje estraté-
gico de la acción del ministerio y que está directamente
relacionado con el objetivo que hemos situado en noveno
lugar: la modernización. Como concreción de nuestro
objetivo de mejorar la eficiencia y la coordinación de
todos los recursos disponibles para optimizarlos cuando
tenemos recursos escasos y necesidades muy especiales
las acciones programadas son las siguientes. La remisión
a las Cortes Generales de un proyecto de ley de coope-
ración con policías locales. El objetivo de esta ley sería
mejorar la coordinación y cooperación entre las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías locales
para mantener la seguridad ciudadana. En tiempos de
crisis es preciso hacer un uso más eficiente de todos los
recursos disponibles para la seguridad. Existen más
de 60.000 policías locales en España y pueden hacer, sin
duda, una aportación más eficaz en la prevención del
delito si los dotamos de los medios legislativos ade-
cuados. Es preciso homologar la formación y el desa-
rrollo de un modelo de carrera. En segundo lugar, y en
este mismo ámbito, les anuncio que he tenido ocasión
de reunirme con el alcalde de Sevilla, en su condición
de presidente de la Federación Española de Municipios
y Provincias, y hemos acordado crear una comisión
bilateral FEMP-Ministerio de Interior para el estudio de
la actualización y renovación del convenio suscrito en el
año 2006 entre el Ministerio del Interior y la FEMP en
materia de seguridad ciudadana y de seguridad vial. En
tercer lugar, pretendemos reformar la Ley de seguridad
privada para establecer mecanismos de colaboración más
eficaces con la seguridad pública, adaptarnos a la nor-
mativa europea y mejorar, en la medida de lo posible,
como es nuestro deber, la calidad del servicio. En cuarto
lugar, el desarrollo de capacidades conjuntas entre
Policía Nacional y Guardia Civil para evitar duplici-
dades, generar mayor eficiencia y un servicio más rápido
y eficaz a los ciudadanos, inicialmente en helicópteros,
unidades caninas y equipos de desactivación de explo-
sivos, así como en laboratorios de policía científica. En
quinto lugar, la creación de centros de servicios inte-
grados —creo que esto es especialmente interesante—,
instalando servicios de documentación y equipos de
extranjería, que son competencia de la Policía Nacional,
en puestos de la Guardia Civil, o intervenciones de
armas, competencia de la Guardia Civil, en comisarías