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Congreso
31 de enero de 2012.—Núm. 29
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sores y a la adecuada gestión y comunicación entre los
distintos agentes actuantes. Para abordar adecuadamente
los desafíos de seguridad en el ámbito de los menores,
además de lo que ya he expuesto en relación con el
crimen organizado y el cibercrimen, considero impres-
cindible incidir en el desarrollo e intensificación de las
campañas de educación y seguridad en el entorno escolar
mediante los oportunos convenios. En este mismo orden
de medidas de protección frente a los delitos más graves
por su especial impacto en determinados grupos sociales,
vamos a plantear una iniciativa que consideramos espe-
cialmente relevante y útil a estos efectos. Se trata de
incluir la huella genética en la ficha policial a todos los
detenidos por delitos sexuales o violentos graves, con
plena cobertura legal.
Señorías, España afronta desde hace años —y entro
en el quinto eje de actuación— un importante reto en
materia de inmigración que, en perfecta coordinación
con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, les
presento.
Como saben, nuestra situación geoestratégica favorece
la llegada de inmigrantes desde distintos puntos del
globo, en especial África y Latinoamérica. La actuación
de las diferentes administraciones públicas en este
ámbito debe centrarse en conseguir que la inmigración
se desarrolle únicamente por cauces legales; solo así
podremos garantizar una convivencia ordenada y des-
plegar los beneficios inherentes a la inmigración al
fomentar la construcción de sociedades más abiertas,
plurales y tolerantes, incorporando y reconociendo asi-
mismo que esas personas son imprescindibles para
nuestro desarrollo económico.
El control de nuestras fronteras exteriores exige la
mejora de los mecanismos de vigilancia, el fortaleci-
miento de la cooperación internacional y la acción
coordinada con la Unión Europea, aprovechando espe-
cialmente los medios que esta pone a disposición de los
Estados miembros y en particular con Frontex. En este
sentido, es crucial que reforcemos la acción diplomática
del ministerio para ser perceptores al máximo nivel
posible de fondos comunitarios destinados a la inmigra-
ción. El Consejo informal JAI, celebrado la semana
pasada en Copenhague y al que asistí, trató de manera
especial estas cuestiones. En este sentido, desplegaremos
contactos para luchar contra los flujos de inmigración
irregular ab initio, primando las actuaciones preventivas
que permitan evitar que estas se produzcan, de manera
particular mediante la colaboración de países de origen
y tránsito como Marruecos, Argelia, Senegal, Mauri-
tania, Nigeria y Malí. Nuestra acción también deberá
dirigirse a la formalización de nuevos acuerdos de
readmisión con países de origen y tránsito de la inmi-
gración.
Quisiera ahora detenerme unos instantes en un asunto
que sé que está preocupando a muchas de sus señorías
y que está de actualidad. Me refiero a la necesidad de
revisar el funcionamiento de los Centros de Interna-
miento de Extranjeros. Señorías, es una obviedad que
comparto con ustedes que las personas inmigrantes, por
el hecho de serlo, no son delincuentes. Son personas
como nosotros, dotadas de igual dignidad, de iguales
derechos y de iguales obligaciones. Son personas
humanas que han venido a nuestro país buscando un
futuro, una esperanza para sí mismos y sus familias que
no han podido conseguir en sus países de origen, y el
haber infringido normas de carácter administrativo no
les convierte en delincuentes. Ustedes lo saben y el
ministro del Interior también, por eso quiero afirmarlo
al principio de la intervención referida a este aspecto.
Es verdad que tenemos una situación desigual en los
Centros de Internamiento de Extranjeros pues algunos,
en particular los de Málaga y Algeciras, por ejemplo,
requieren cambios de cierto calado que por supuesto el
ministerio va a abordar. En todo caso les llamo la aten-
ción sobre algunos indicadores generales que sin que
sean considerados —permítanme que lo enfatice— exi-
mentes de la necesidad de introducir reformas, sí son
reveladores de la realidad actual de esos centros. Así, por
ejemplo, de las 4.116 plazas existentes en los CIE repar-
tidas entre los doce centros —seis en la península y seis
en Canarias—, la ocupación media en el pasado año 2011
ha sido del 67,39 por ciento, es decir, dos tercios de su
capacidad. Asimismo, la estancia media por interno ha
sido de 18,21 días, mientras la ley permite la estancia en
un centro hasta un límite de 60 días. Esos límites están
muy por debajo de la media de los países de la Unión
Europea. Además, conviene no perder de vista que si
bien el número de expulsiones no cualificadas ha dismi-
nuido en los últimos años, el de expulsiones cualificadas,
es decir, el debido a tener antecedentes policiales o
judiciales, o los dos, ha aumentado de forma evidente,
pasando de un 57 por ciento en el año 2009 al 80 por
ciento el pasado año. Estamos hablando de los retornos
forzosos. Esto significa que un buen número de los
internos han cometido delitos, lo que confiere unos
rasgos de especial complejidad a la gestión de los CIE.
En virtud de todo lo que acabo de expresarles suma-
riamente, señorías, es preciso que revisemos el plantea-
miento de esos centros de internamiento, así como su
gestión. A estos efectos, el ministerio pondrá en marcha
las siguientes acciones. Primero, la elaboración de un
reglamento que regule el régimen de organización y
funcionamiento de los CIE y que permita incorporar
fórmulas racionales de gestión que mejoren las condi-
ciones de funcionamiento de los centros en línea con las
recomendaciones planteadas por el Defensor del Pueblo,
de manera particular en la reciente visita que efectuó con
ocasión de la muerte de un inmigrante subsahariano de
Senegal al CIE de la zona franca de Barcelona. Quiero
decirles también que tanto la delegada del Gobierno en
Cataluña como el director general de la Policía han
visitado recientemente sin publicidad ese centro de
internamiento para tener de primera mano una opinión
propia en relación con la situación de ese centro que ha
sido objeto de visita, como decía, por parte del Defensor
del Pueblo y de la emisión de las correspondientes reco-