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Congreso
31 de enero de 2012.—Núm. 29
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garantías de los efectos delictivos decomisados. Cuarto,
sin perjuicio de su destino final, se adoptarán las medidas
normativas oportunas para que los vehículos, medios
materiales e instrumentos empleados por los delin-
cuentes puedan ser puestos de forma inmediata —y esto
saben que es muy importante— a disposición de los
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado encargados
de la lucha contra esa modalidad criminal. Quinto, ena-
jenación inmediata de los productos derivados de los
ilícitos mediante procedimientos trasparentes, desti-
nando las cantidades obtenidas tanto a la reparación de
las víctimas como al Tesoro público. Sexto, fortaleci-
miento de las unidades que en el Cuerpo Nacional de
Policía y en la Guardia Civil se encargan de perseguir
los delitos cometidos en la Red. Séptimo, creación de
instrumentos de colaboración entre el sector público y
el sector privado para la protección contra los ciberata-
ques. La reciente amenaza de grupos como Anonymous
constituye un buen ejemplo de la envergadura de este
problema y ayer tuvimos ocasión de contemplarlo en
nuestro país. Octavo, desarrollo de un programa peda-
gógico de prevención del crimen y del acoso a través de
la Red que se pondrá a disposición, y en colaboración
con los centros educativos, a través del Ministerio de
Educación y de las comunidades autónomas que tienen
transferida la gestión de nuestro modelo educativo.
Como saben sus señorías, el crimen organizado no ve
limitado su radio de acción por fronteras, razón por la
que su persecución debe traspasar también las fronteras
e impedir que sus actos eludan el peso de la justicia. Por
tanto, será necesario fortalecer los canales de inter-
cambio de información con los servicios de inteligencia
y policía de países extranjeros, así como con Europol,
Interpol y otros organismos internacionales, auxiliando
a la identificación de integrantes y mandos de las orga-
nizaciones criminales internacionales que están —y lo
sabemos— asentados en España.
El tercer eje estratégico de actuación es la lucha contra
la multirreincidencia y la reiteración delictiva. Como
saben sus señorías, el ordenamiento jurídico debe dotarse
de los instrumentos que disuadan al individuo de la
actuación delictiva. La escasa repercusión penal que para
sus autores tienen algunas infracciones punibles, en
especial aquellas que pueden ser consideradas como
delitos menores, por ejemplo, los hurtos, los robos con
fuerza en las cosas de escaso valor, el famoso tirón del
bolso o el robo de vehículos, generan tal sensación de
impunidad entre los delincuentes que les conduce en
muchas ocasiones a incrementar el número de sus
acciones delictivas, generando de esta manera un factor
de inseguridad importante y la consiguiente alarma
social entre la población más directamente afectada y en
general.
Las razones que acabo de expresar, señorías, que se
compadecen perfectamente con las estadísticas de que
disponemos, nos obligan a examinar mecanismos que
terminen con la sensación de impunidad de los delin-
cuentes, aconsejando para ello abordar el fenómeno de
la multirreincidencia y la reiteración delictiva en su
vertiente legislativa. En definitiva, dotar a la Policía, a
la Guardia Civil, a las policías locales, policías autonó-
micas, jueces, fiscales y tribunales de los instrumentos
legales necesarios para ser eficaces. El Ministerio del
Interior está especialmente sensibilizado con este pro-
blema y se propone, en permanente y estrecha coordi-
nación con el Ministerio de Justicia, como anunció en
su comparecencia el ministro Ruiz-Gallardón, impulsar
las siguientes medidas. En primer lugar, reforma de la
legislación penal con el fin de combatir el fenómeno
criminal de la reiteración de faltas contra las personas y
contra el patrimonio. En segundo lugar, combatir el
fenómeno criminal de robo con fuerza en las cosas,
especialmente los robos a joyerías, sector que, como
saben sus señorías, se ve gravemente afectado por este
tipo de delitos. En tercer lugar, combatir el fenómeno
criminal del robo de viviendas o domicilios particulares.
Las medidas que acabo de enunciar, de carácter penal,
requieren a su vez la modificación de la legislación
procesal con la finalidad de establecer las medidas nece-
sarias de acompañamiento y, en particular, la previsión
de medidas cautelares eficaces, incluida la prisión pro-
visional y la localización permanente para los casos de
habitualidad en el delito, entendiendo por tal la comisión
de más de dos delitos de diferente especie; la previsión
de medidas cautelares inmediatas y eficaces para los
supuestos de multirreincidencia, entendiendo por tal la
comisión de dos delitos de la misma especie, incluyendo
la prisión provisional. También será preciso, señorías, la
adopción de medidas que permitan la creación de un
registro central de faltas, respondiendo con ello a la
necesidad de contar con un sistema que permita conta-
bilizar la reiteración de esta tipología penal. No podemos
hablar de multirreincidencia, de habitualidad o de reite-
ración si los jueces y tribunales, o la misma policía, no
tienen censadas a las personas que comenten estos
delitos, estas faltas. A estos efectos, hemos creado una
comisión bilateral con el Ministerio de Justicia, presidida
respectivamente por el secretario de Estado de Justicia
y por el secretario de Estado de Seguridad, para desarro-
llar legislativamente y también para el análisis y segui-
miento de la efectividad de las disposiciones normativas
que les acabo de mencionar en materia de multirreinci-
dencia y de reiteración delictiva.
El cuarto eje estratégico de la acción del ministerio lo
constituye la existencia de grupos especialmente vulne-
rables y de colectivos sociales frecuentemente golpeados
por la delincuencia común, que exige que desarrollemos
nuevas estrategias de seguridad. La intolerancia y la
violencia hacia el débil son fenómenos que se oponen a
nuestras pautas básicas de convivencia y a nuestros
valores sociales compartidos, por lo que la necesidad de
garantizar la seguridad se hace aún más acuciante en el
caso de esos grupos especialmente vulnerables. Los
datos de violencia contra la mujer nos obligan a reac-
cionar con urgencia, incorporando medidas que contri-
buyan tanto a la disuasión como al control de los agre-