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Congreso
31 de enero de 2012.—Núm. 29
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ofrece y que acabe con la manipulación a la que se ven
sometidos los presos y sus familias. Sabemos, señorías,
la importancia que tiene la política penitenciaria y por
ello tenemos que actuar —como les vengo repitiendo—
con inteligencia, midiendo cada paso, buscando el
máximo consenso político con las fuerzas políticas
democráticas para lograr entre todos que los que hoy
siguen estando sometidos a la banda terrorista den los
pasos que otros han dado y la ley, y solo la ley, se pueda
aplicar con la generosidad que la misma contempla.
Quiero decirles que la única hoja de ruta que tiene esta-
blecida el Gobierno es la aplicación de la ley, pero
estamos hablando de actuar en el marco de la ley y en
este caso de la ley penitenciaria.
También desde el ministerio se va a impulsar la des-
legitimación de la violencia y de aquellas ideologías que
la favorecen. Sabemos, y ustedes también lo saben muy
bien, que durante muchos años se ha adoctrinado a
muchos jóvenes para usar la violencia como instrumento
de actuación política. Todavía se ven en la sociedad
vasca actitudes totalitarias y violentas y no es fácil que
quienes han vivido dando soporte a la violencia exclu-
yente adopten una cultura democrática de la noche a la
mañana. Por ello, una de las prioridades de la lucha
antiterrorista en esta legislatura será impulsar iniciativas
que permitan deslegitimar la violencia. Como decía al
principio, la colaboración internacional ha sido uno de
los pilares en los que se ha apoyado el Estado en la lucha
contra el terrorismo, especialmente con Francia. A estos
efectos me permito recordar lo que dijo el presidente
Sarkozy recientemente con ocasión de la imposición por
Su Majestad el Rey del collar de la orden del Toisón de
Oro: En materia de lucha contra ETA no hay Pirineos.
Y yo como ministro del Interior puedo acreditar que está
siendo así. Por ello, no les debe a ustedes sorprender que
sea puesta como ejemplo para la lucha contra el terro-
rismo internacional en foros multilaterales y en el propio
ámbito de la Unión Europea. Pero si ha sido necesaria
esa cooperación con Francia para llegar hasta hoy, va a
ser más necesaria en los últimos tramos de esta larga
lucha contra el terror. Por ello vamos a intensificar esa
colaboración, porque será una garantía de llegar a ese
final que todos deseamos. Somos plenamente cons-
cientes de la trascendencia del momento que estamos
viviendo y asumimos la responsabilidad que nos han
otorgado los españoles para gestionar el final del terro-
rismo. Sabemos que no va a ser una tarea fácil y estamos
dispuestos a andar ese camino con la amplitud de miras
y con el sentido de Estado que este momento requiere;
para ello —insisto—, el consenso con las fuerzas polí-
ticas democráticas es algo que este ministerio no va a
dejar de lado y va a demandar en todo momento.
España también debe hacer frente a los riesgos deri-
vados del terrorismo internacional, especialmente de
signo yihadista. Señorías, el terrorismo yihadista mani-
fiesta una estructura organizativa multiforme que le
aporta un carácter diversificador. España y sus intereses
legítimos se hayan también bajo esta amenaza. En la
actualidad, por ejemplo, permanecen secuestrados varios
ciudadanos españoles, presumiblemente en manos de
grupos vinculados a la ideología islamista radical. La
amenaza del terrorismo de carácter yihadista y la expan-
sión de un islamismo radical como base ideológica y
social previa a la integración en grupos terroristas o para
la comisión de actos de terrorismo exige al Gobierno
adoptar una estrategia integral contra el terrorismo inter-
nacional y la radicalización. En concreto, nuestras
próximas acciones en este ámbito serán las siguientes.
Primero, elaborar una estrategia nacional de cibersegu-
ridad de manera que se articulen los mecanismos pre-
cisos para hacer frente a esta amenaza creciente y en
particular contra el ciberterrorismo. Segundo, fomentar
las acciones precisas a desarrollar por parte del Estado
dirigidas a impedir procesos de radicalización a través
de la implantación de un plan de lucha contra la radica-
lización que requerirá de la cooperación y colaboración
de otras administraciones públicas en particular. Tercero,
desarrollar en el marco de las iniciativas de la Unión
Europea un plan específico de actuación y cooperación
en la lucha contra el terrorismo internacional en el área
del Magreb-Sahel, confeccionar un plan integral de lucha
contra la financiación del terrorismo internacional,
mejorar la capacidad de prevención de atentados terro-
ristas, así como la preparación para hacer frente a ame-
nazas emergentes, como el empleo de material de tipo
nuclear, radiológico, biológico, químico —NRBQ—
para organizaciones y por organizaciones terroristas. Por
último, optimizar la capacidad de respuesta del Estado
ante la comisión de atentados terroristas de gran enver-
gadura.
No menos trascendentes y preocupantes que los ante-
riores, terrorismo de ETA y terrorismo yihadista inter-
nacional, son los retos ligados al crimen organizado, que
constituyen el segundo eje estratégico de la legislatura.
La aparición de nuevas formas de criminalidad, el incre-
mento de su actividad y su adaptación tecnológica nos
obligan a revisar la estrategia contra el crimen organi-
zado y a ajustar la estructura de la Policía judicial, con
el fin de combatir esta modalidad delictiva tanto desde
un punto de vista nacional como desde el prisma de la
colaboración internacional. Teniendo en cuenta las exi-
gencias de eficiencia y racionalización y por lo que se
refiere a las medidas que impulsaremos en el ámbito
nacional para la consecución de este objetivo estratégico
que les acabo de enumerar, me gustaría destacar las
siguientes. Primero, programa de racionalización de la
distribución geográfica de recursos y equipos de Policía
judicial específicamente dedicados a la lucha contra el
narcotráfico, bandas organizadas y blanqueo de capi-
tales. Segundo, plan especial de seguimiento e investi-
gación en las zonas geográficas de nuestro territorio en
las que se tiene constancia de asentamiento de organiza-
ciones criminales, de las actividades económicas y
empresariales vinculadas al crimen, al blanqueo de
capitales y la corrupción. Tercero, establecimiento de
protocolos para la eliminación expeditiva y con todas las