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Congreso
31 de enero de 2012.—Núm. 29
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Desde Izquierda Unida no podemos contemplar la
cuestión de la seguridad pública de forma aislada. Para
nuestro grupo parlamentario la seguridad debe ser un
valor instrumental para la libertad. La seguridad debe
ser protección y garantía del libre ejercicio ciudadano
de los derechos y libertades. Libertad y seguridad forman
parte de un todo indivisible en una sociedad democrática.
La competencia fundamental del Estado de garantizar al
conjunto de ciudadanos y ciudadanas, colectiva e indi-
vidualmente, el libre ejercicio de sus derechos, debe
relacionarse también de forma necesaria con el bienestar
social. No pueden existir políticas de seguridad eficaces
si no se hace frente a la pobreza, al paro, a la inmigra-
ción, a la xenofobia y a la exclusión mediante políticas
integrales de empleo y de protección social. A pesar de
que legislatura tras legislatura los sucesivos gobiernos
han ahondado en las mismas fórmulas, reiteramos
nuestro ofrecimiento para colaborar y el apoyo incondi-
cional de nuestro grupo parlamentario para poner en
relación políticas de seguridad y políticas sociales, para
desarrollar actuaciones de prevención del delito que
ataquen la raíz de los problemas. La protección pública
comienza por un buen desarrollo social, es decir, no
puede haber políticas de seguridad eficaces sin la remo-
ción de las causas sociales y económicas que originan
algunas formas de delincuencia. Para Izquierda Unida
es necesario un nuevo sistema de seguridad pública
basado en la prevención y en la protección social. Vemos
con preocupación cómo el Gobierno del Partido Popular
se decanta por una política de seguridad más punitiva
que preventiva. En tal sentido parecen orientarse las
reformas legales anunciadas por diversos miembros de
su Gobierno como, por ejemplo, la ya famosa prisión
permanente revisable que, bajo ese eufemismo, pretende
ocultar un endurecimiento de las penas de prisión. En
esa línea va también lo que ha comentado el señor
ministro respecto a la multirreincidencia y ya hemos
anunciado desde nuestro grupo cuál será nuestra posi-
ción.
La actual coyuntura económica de crisis sistémica
conlleva el pavoroso aumento de la desigualdad social y
el incremento de la exclusión. El propio presidente del
Gobierno ha declarado en Bruselas que ya tiene descon-
tada una huelga general en respuesta a la reforma laboral
que proyecta su Gobierno. Por ello es previsible que
entremos en una etapa de fuerte conflictividad social que
lleve aparejada una contradicción para el aparato de
seguridad del Estado: el respeto y la defensa de los dere-
chos, en ocasiones contrapuestos, de todas las partes en
conflicto. Para Izquierda Unida debe garantizar desde su
ministerio el libre ejercicio de todos los derechos y esta-
remos atentos para que no convierta las intervenciones
policiales en un elemento más de conflictividad social.
Esperemos que de la prisión permanente no pasen
ustedes a la porra permanente. Por otro lado, esta coyun-
tura de crisis supone un momento oportuno para intro-
ducir cambios estructurales plenamente justificados por
la mayor eficiencia de costes y servicios que proporcio-
narán. En esta línea de la optimización en la gestión de
los recursos públicos que para nosotros no significa en
ningún caso un recorte justificado únicamente por la
necesidad de equilibrar el déficit para satisfacer las exi-
gencias de los mercados, es donde determinadas reivin-
dicaciones históricas pueden encontrar su realización
completa. No tiene ya ningún sentido en pleno siglo XXI
y en un contexto de gravísima crisis como el actual
mantener el modelo vigente de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado; me refiero al carácter militar de
la Guardia Civil y a la existencia de dos cuerpos poli-
ciales estatales. Es anacrónico e injustificable, hoy por
hoy, el mantenimiento del carácter militar de la Bene-
mérita. Hay que darle carta de naturaleza a su calificativo
de civil. Su carácter militar solo sirve, hoy por hoy, para
justificar que sus miembros realicen con menores sala-
rios jornadas laborales más largas y sobre todo para
garantizar al Gobierno de turno y a la estructura de
mandos propios un cuerpo policial dócil sujeto a la dis-
ciplina militar. ¿Hasta cuándo se va a mantener este
anacronismo, señor ministro? Desde Izquierda Unida
reivindicamos una Guardia Civil plenamente civil fuera
de la estructura de lo militar. No obstante, y aun siendo
esta una de nuestras reivindicaciones históricas compar-
tida con muchos otros colectivos sociales y profesio-
nales, un modelo policial óptimo para un Estado auto-
nómico como es España no debería pasar por tener dos
cuerpos de policía estatales, a los que se sumarían las
policías autonómicas y las locales, sino por iniciar el
camino hacia un modelo policial en el cual un único
cuerpo viese todas sus estructuras y mandos adaptados
a la realidad territorial federal española.
Una época de crisis debería ser el mejor momento para
optimizar las estructuras, evitar duplicidades y hacer
reformas profundas. Es el momento, señor ministro, de
plantearse cambios en la distribución de estas. ¿Tiene
sentido mantener puestos de la Guardia Civil donde solo
dos personas tienen que turnarse para todos los servi-
cios? No parece razonable que con la evolución que han
tenido las infraestructuras del transporte en nuestro país
se siga conservando la planta de distribución de cuarteles
de prácticamente un siglo atrás. Aproveche, señor Fer-
nández Díaz, la coyuntura para impulsar reformas nece-
sarias y no solamente recortes salariales. Le invitamos
desde Izquierda Unida a ser valiente y superar este
modelo policial napoleónico ya obsoleto en el mundo en
que nos toca vivir. Pero en lugar de tratar de seguir la vía
de la coordinación y unificación de la Policía y la
Guardia Civil usted, señor ministro, ha puesto fin al
mando único creado en 2006 con el nombramiento de
dos directores generales, uno por cada institución. ¿Cree
sinceramente que ello contribuye a una mejor coordina-
ción?
Respecto a las políticas de inmigración, concreta-
mente queremos insistirle al señor ministro en la nece-
sidad de resolver de una vez el problema de los centros
de internamiento de extranjeros. Lo ha tratado usted y
ha dicho concretamente que piensa realizar un regla-