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Congreso
31 de enero de 2012.—Núm. 29
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mento. Estos centros se han convertido en pequeños
guantánamos al margen de la legalidad. Esperamos,
deseamos y exigimos una solución al respecto. Desde
Izquierda Unida defendemos el cierre de los CIE porque
creemos que las políticas de inmigración hay que abor-
darlas desde parámetros integradores en lugar de exclu-
yentes o punitivos. Le comento que ha hablado usted de
un nuevo personal en el reglamento para los CIE y le
pregunto concretamente si ese personal tendría carácter
privado o tendría carácter público. Mientras no se cierren
estos centros le reclamamos, señor ministro, el cumpli-
miento estricto de las previsiones legales que establecen
su carácter no penitenciario, así como la garantía efectiva
de los derechos de los internos con la máxima transpa-
rencia y el derecho a la fiscalización de las organiza-
ciones sociales. Nos parece un punto importantísimo y
así lo defenderemos ante el reglamento que el Gobierno
piensa elaborar. Las recientes muertes de personas acae-
cidas en dos CIE, en Madrid y en Barcelona, han puesto
de manifiesto las limitaciones y las carencias. ¿Está el
ministerio investigando estos hechos? ¿Qué iniciativas
piensa adoptar, aparte de la redacción del reglamento,
para garantizar la investigación de las alegaciones de
malos tratos existentes en los CIE?
Quisiera detenerme también en otra cuestión impor-
tante para nosotros, el tema de las identificaciones.
Según el anuario estadístico del año 2010 del Ministerio
del Interior, en ese año se produjeron más de 7 millones
de identificaciones en España, 6.951.000 en la vía
pública y 140.000 en dependencias policiales. ¿No cree
usted, señor ministro, que estas cifras son absolutamente
desproporcionadas? ¿Piensa, señor ministro, cambiar los
criterios y los incentivos que llevan a que en España se
haya identificado en 2010 a uno de cada seis habitantes?
Por otro lado, vamos a proponer reformas importantes
que afectan a nuestro actual sistema penitenciario, que
se ha revelado claramente inútil para los fines que prevé
la Constitución. Nos encontramos con que somos el
Estado europeo con mayor número de preventivos, con
cárceles saturadas que impiden cumplir el deber consti-
tucional de la rehabilitación y la reinserción, y por el
contrario favorecen el alto grado de reincidencia de
quienes entran en el circuito de la represión. No espe-
ramos otra legislatura de inmovilismo al respecto. La
conclusión sensata a la que llegamos es que las prisiones
actuales son una pésima inversión y las experiencias de
privatización, como en Inglaterra o Estados Unidos, son
todavía peores. Ha hecho usted un comentario al respecto
también sobre televisiones en las prisiones, comentarios
que entendemos que se prestan a una interpretación
demagógica en la calle y no creemos que deba llevar a
un endurecimiento de las condiciones de construcción y
mantenimiento de las prisiones.
Desde mi grupo no queremos obviar, en cuanto a la
política penitenciaria, los efectos del final de la violencia
por parte de la banda terrorista ETA. Su reciente reunión
con el consejero vasco de Interior y del propio presidente
del Gobierno de España con el lehendakari parecen
mostrar posiciones hasta cierto punto contradictorias
respecto a la política de dispersión de presos. En decla-
raciones públicas realizadas por usted ha detallado que
las peticiones que se hagan para acogerse a los beneficios
que la ley establece en el ámbito penitenciario deben ser
planteadas de forma individualizada y cumplir todos los
requisitos que la ley prevé en estos casos: manifestar el
arrepentimiento, pedir perdón a las víctimas y resarcir
los daños civiles derivados, en su caso, por los atentados
que se hayan podido cometer. Desde mi grupo parlamen-
tario seguiremos reclamando una única doctrina de
interpretación legal para todos los presos. Tendrá todo
nuestro apoyo en aquellas actuaciones que tiendan a
consolidar un escenario de paz. No obstante, le recuerdo
que la Ley de Partidos y las actuaciones impulsadas
desde el Gobierno para limitar la representación demo-
crática de todas las opciones políticas no contará con
nuestro apoyo porque entendemos que no contribuye a
la consolidación de la paz.
Voy concluyendo, señor presidente. Entendemos que
el sistema policial necesita una revisión en profundidad.
Está pendiente una importante reforma de la Ley de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Para nuestro
grupo parlamentario es imprescindible avanzar hacia un
nuevo modelo de policía. Ya he reseñado anteriormente
nuestra apuesta por la unificación del Cuerpo Nacional
de Policía y de la Guardia Civil para hacer una estructura
policial de carácter civil, pero mientras ese momento
llega —y estamos seguros de que llegará—, para nuestro
grupo parlamentario es una prioridad en la acción de este
ministerio abordar inmediatamente cuestiones muy
necesarias como el desarrollo de la Ley orgánica de
derechos y deberes de la Guardia Civil. Tienen ustedes
un reto en regular cuestiones básicas como los derechos
de los representantes, los locales y las subvenciones para
las entidades representativas, la jornada laboral, el desa-
rrollo de derechos básicos como la libertad de expresión
o de manifestación y los complementos retributivos no
discriminatorios. En esta última cuestión, le pedimos
desde mi grupo parlamentario que revise con mucha
atención la política de rendimiento de actividades indi-
viduales porque está llevando en servicios como el de
Tráfico a la imposición indiscriminada de multas, cues-
tión que solo puede redundar en descrédito de quienes
las imponen. Este Gobierno está inmerso en una diná-
mica de recortes indiscriminados que desde Izquierda
Unida no compartimos. No obstante, le recomendamos
que, si quiere aplicarlos en su ministerio, comience por
recortar los privilegios de las altas esferas —tiene
usted 45 generales en la Guardia Civil—, por acabar con
las desigualdades en las dietas de los mandos y los
agentes, por investigar y poner en orden los suministros
y las obras sobre las que recaen sospechas fundadas de
derroche, cuando no de cosas peores, o por reestructurar
los centros de enseñanza donde para promociones de 150
guardias hay habilitados 500 profesores.
Termino diciendo que nos alegramos de la reflexión
que ha hecho usted sobre la cuestión de la participación