Fuente: El Día.es
La Junta de Personal de la Administración General del Estado de Santa Cruz de Tenerife anunció ayer que solicitó el mes pasado a la vicepresidenta del Ejecutivo central, María Teresa Fernández de la Vega, y al Partido Socialista Canario (PSC) el cese fulminante de la delegada del Gobierno en Canarias, Carolina Darias, y del subdelegado, José Antonio Batista, a quienes califica de "parásitos", por "no hacer nada" y "pasar" de sus responsabilidades desde que llegaron a sus cargos ante las reclamaciones que les plantean estos representantes sindicales de la provincia tinerfeña.
Por su parte, Batista clasificó como "muy lamentable" que funcionarios del Estado "descalifiquen" la labor de Darias y la suya empleando términos como "parásitos", que es una crítica "tremendamente injusta", y que "se dediquen a hablar de dinero con los recortes presupuestarios de este año". "Darias y yo trabajamos más de la cuenta", afirmó. "Soy doctor por la Universidad de La Laguna y profesor titular, y nada de eso lo regalan", se defendió.
En concreto, el representante de ACAIP en la Junta, Jesús Sanz, aseveró que "el tiempo ha demostrado que ambos, por activa y por pasiva, son parásitos, no hacen nada, ni siquiera nos reciben, no nos escuchan ni tienen capacidad para tomar decisiones". Además, "han demostrado que no trabajan y por pura lógica tendrían que quitarlos si estuvieran en una empresa privada, de donde los echarían en dos días". "Cada uno en su puesto de trabajo debe ser serio y responsable y estar para resolver problemas", matizó Sanz. "Hay ciertos puestos designados a dedo donde va el amigo del amigo del amigo, en vez de ser ocupados por el profesional que tiene que estar, y esa es la lacra de la Administración", añadió.
"El déficit de personal es brutal", apuntó Sanz. "Las plantillas en Santa Cruz de Tenerife llevan sin incrementarse desde hace 12 años", aclaró el representante de CCOO, Mario Rodríguez. "Hay un montón de vacantes que no se cubren, lo que es una práctica habitual, pero ilegal". Así, "se han dado amortizaciones de estos puestos de trabajo y ese dinero, ya presupuestado, ha servido para subir los complementos de los jefes, por lo que tampoco hay un ahorro para el Estado", denunció Gutiérrez. "El dinero se reparte de otra manera", insistió.
Para Batista, el planteamiento es "una barbaridad y un disparate". Si hay una plaza sin cubrir, "el dinero queda en el Ministerio correspondiente", afirmó. Según el subdelegado, los datos oficiales corroboran que los funcionarios en Canarias pasaron de 22.769 al 31 de diciembre de 2007 (sin contar con los cuerpos y fuerzas de seguridad) a 25.415 en diciembre del año pasado.
La Junta, que calcula en unos 1.600 los funcionarios del Estado en la provincial tinerfeña, también denunció las condiciones de trabajo en algunos departamentos, como la Oficina de Extranjeros, "donde ni siquiera se puede limpiar el suelo porque no se puede mojar al haberse entregado sus instalaciones sin terminar", así como la "sobrecarga" de trabajo en las oficinas del antiguo INEM debido a la afluencia de usuarios por el paro. "El personal del INEM se reforzó en los momentos duros", desmintió Batista, que también niega la falta de diálogo con los sindicatos. "Siempre estoy dispuesto a reunirme con quien haga falta cuando sea".
Los sindicatos también plantean la necesidad de establecer "parámetros objetivos" para el reparto de los fondos por productividad, "ya que ahora en la provincia tinerfeña se reparten a discreción del jefe provincial sin marcar objetivos", así como el nombramiento de los comités de seguridad laboral, "puesto que la Administración es la primera que sanciona a las empresas privadas por su incumplimiento, pero luego es la primera que incumple". Los sindicatos denunciaron el asunto a la Inspección de Trabajo, "pero la Administración se ríe porque no se le puede sancionar: sólo le pueden requerir que lo haga".
La Junta de Personal tampoco dejó de lado la polémica del cambio en el régimen de las pensiones. "Los diputados del Congreso tienen derecho a la máxima con sólo siete años de trabajo, lo que es vergonzoso y deberían dar el ejemplo", señalaron. "Con lo que cobran los 80.000 representantes políticos estatales, autonómicos y locales se pude ahorrar más que con la ampliación del plazo propuesto para la jubilación", añadió Mario Rodríguez.