Fuente: El Dia.es
"Insostenible", así es como califican los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Acaip la situación en la que actualmente se encuentra el centro penitenciario Tenerife II debido al hacinamiento. Pese a que la capacidad prevista es de 750 internos, desde hace varios años la población no baja de los 1.500, lo que ha obligado a la dirección a buscar medidas como los traslados a centros de la Península para tratar de aliviar este panorama.
Sin embargo, el problema no hace sino agudizarse.
"No se puede pensar que con la apertura del Centro de Inserción Social o con los traslados el problema se va a solucionar, cuando los datos oficiales reflejan que cada día hay seis ingresos nuevos. Basta multiplicar esa cantidad por los 30 días del mes para darse cuenta de que hablamos de casi 200 reclusos nuevos y eso es un módulo entero", explica el dirigente de Acaip, Jesús Sanz, basándose en los datos de Instituciones Penitenciarias.
Para este sindicato, el de mayor representación del país, la insuficiente plantilla es un factor clave en el mal funcionamiento de los centros penitenciarios.
"Lo que no puede ser es que el personal esté bajo mínimos y que se pretenda conseguir objetivos tan complicados como es la inserción. Es que ni siquiera nos pueden pedir que garanticemos la seguridad porque con esta ratio es imposible realizar una vigilancia eficaz", afirma Sanz, que se muestra crítico con la Administración, aludiendo a que "es la primera que incumple las normas y luego exige que se cumplan".
Apoyando este argumento se pronuncia el portavoz de CCOO en temas penitenciarios, Antonio Rodríguez, que recuerda que en 2005 se adquirió el compromiso de equiparar a los funcionarios de prisiones con el resto, incluyendo cuestiones tan básicas como la remuneración de las noches.
"Pactamos la paz social para no interferir en las mejoras, pero resulta que al final ha habido pocos cambios y la situación no hace sino empeorar cada vez más", asegura.
Para ambos dirigentes sindicales, las medidas que se adoptan "son pan para hoy y hambre para mañana porque mientras ellos salen por la puerta otros ya están próximos a llegar".
Esta situación ha llevado a la Asociación de Familiares y Amigos de Presos de Tenerife (Afaprete) a hacer público el trauma que estos traslados suponen para el recluso y sus seres queridos.
"Se los llevan y ni siquiera pueden informar a sus familias de ello por motivos de seguridad, y de repente se ven que siguen presos pero lejos de su casa, sin saber si alguien podrá ir a visitarlos o no. Es muy duro, explica la portavoz de la asociación, Sonia Herrera, que hace hincapié en que "en la mayor parte de los casos se trata de gente con escasos recursos económicos y que difícilmente pueden permitirse comprar un pasaje y una estancia en la Península".
Para Herrera una solución que permitiría una mejora real pasaría por incluir a los presos preventivos en estos traslados.
"Muchos de ellos no tienen ningún tipo de arraigo y no sólo les da lo mismo irse a otro centro, sino que además lo prefieren, porque saben que este está muy mal y no tiene de nada, pero que hay otros mucho mejor dotados", señala.
A su juicio, "si lo que se pretende es hacer de las prisiones un lugar que permita a las personas volver a la sociedad con normalidad, que me expliquen cómo puede conseguir eso un preso de Tenerife que lo mandan a Galicia. Si obtiene el tercer grado no tiene a nadie que lo acoja. No le interesa buscar trabajo porque no quiere quedarse allí. Por todo esto nosotros proponemos que si el motivo por el que no son trasladados los preventivos es porque deben ser juzgados, que lo sean pero por videoconferencia, y nos encontraríamos con que podrían quedar libres hasta 600 plazas".
No obstante, la Administración central parece que no baraja ni siquiera esta posibilidad y sólo apuesta por la entrada en funcionamiento de la cárcel de Juan Grande en el municipio grancana.