Fuente: El Diario de Córdoba

Han sido condenados, pero su sentencia ha esperado demasiado en los archivos de los juzgados. Decenas de conductores penalizados por cometer delitos al volante no han podido saldar sus deudas con la Justicia y sus condenas ya han prescrito debido a la imposibilidad de cumplir su sentencia. El motivo siempre es el mismo: la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias no posee plazas suficientes para que todos los procesados por estos delitos cumplan los trabajos sociales a los que son condenados.

Según los datos de la Fiscalía Provincial de Córdoba, un total de 4.595 personas fueron procesadas en 2008 -último año del que existen datos exactos- por superar los límites de velocidad, ponerse al volante con unas copas de más o ir sin carné. Y decenas de ellos, condenados, esperan aún a que la sentencia se pueda ejecutar.

La reforma del Código Penal que endurece los delitos de tráfico entró en vigor en diciembre de 2007 con la intención de reducir los accidentes de tráfico y las muertes al volante. Este objetivo se ha cumplido, pero no así el carácter punitivo de la norma: "La intención fue buena. Pero el Gobierno no habilitó el presupuesto necesario para que los reos cumplieran las condenas de trabajos sociales", indicó un juez de la capital. En esta idea hay unanimidad en los órganos penales, que observan las enormes dificultades de Instituciones Penitenciarias para encontrar trabajos para todos los procesados.

"Se remite un testimonio de la sentencia al Centro de Inserción Social (CIS) de Las Quemadas [dependiente del centro penitenciario] con la pena que tiene que cumplir el individuo, y los funcionarios lo llaman. Multitud de procedimientos se quedan ahí, en el acuse de recibo del CIS", alertó un juez. Según estas fuentes, el retraso en la ejecución de las penas es de "meses", hasta el punto de que hay ejecutorias que quedan pendientes de cumplir de un trimestre para otro.

En este contexto, y de manera sistemática, los órganos judiciales se ven obligados a archivar provisionalmente decenas de expedientes. El problema surgió cuando algunas de estas resoluciones envejecieron más de un año y los reos se quedaron sin cumplir esta parte de la condena; las multas, en cambio, suelen pagarse con puntualidad, indicaron las fuentes consultadas.

La clave está en que el Código Penal indica que las penas leves -menos de 30 días de trabajos sociales o multas de hasta dos meses- prescriben al año de declararse firme la condena. Y en estas horquillas se incluyen la mayoría de condenas por delitos de tráfico, debido a que los acusados asumen la sentencia en el juzgado de Guardia para beneficiarse de una reducción de la responsabilidad penal.

"Instituciones Penitenciarias no tiene funcionarios, ni lugares, ni centros adecuados para que los conductores cumplan la condena", indicó un juez consultado. Hay municipios de la provincia, por ejemplo, que aún no disponen de convenios con la prisión para habilitar trabajos en beneficio de la comunidad, y en otras ocasiones los recursos poco tienen que ver con el delito cometido.

"Lo conveniente sería que un conductor sentenciado visitara un centro de tetrapléjicos o acompañara a la Guardia Civil, pero eso no ocurre", advirtió un magistrado. Barrer el patio de la cárcel, limpiar unos jardines o adecentar señales de tráfico suelen ser las alternativas: "Lo que no puedo hacer es no ejecutar la condena porque los trabajos no tengan relación con la infracción", concluyó un juez.