Fuente: El Comercio Digital
La cifra no satisface al Ministerio del Interior. Desde hace cinco años, todos los directores de prisiones han recibido la instrucción de posar su mirada en el caso catalán. Esta comunidad tiene las competencias en materia penal transferidas y aplica el tercer grado a un 25% de sus presos. «Cada vez que hay una reunión, nos recuerdan que esa es la proporción ideal, que si en Cataluña no están teniendo problemas al aplicarla, nosotros también debemos ir a ello», reconoce Esteban Suárez.
Aplicar esa ratio a Villabona obligaría a aumentar un 60% los terceros grados concedidos, lo que dejaría este escalafón en 400 internos. ¿Qué impide llegar a ese punto? La pregunta remite hasta la Junta de Tratamiento, órgano colegiado de Villabona compuesto por ocho expertos. Ellos son los que, por votación mayoritaria, deciden qué grado se le aplica a cada reo.
La sentencia marca los años de condena, pero después el reglamento cede amplia potestad a la Junta de Tratamiento para escoger bajo qué grado pasará el recluso ese tiempo. «Antes de dos meses del fallo judicial debemos aclarar la clasificación que le damos», apunta Suárez. El 'sanedrín' está compuesto por el propio director de la cárcel, la subdirectora de tratamiento, el encargado de la atención médica, un criminólogo, un psicólogo, un educador, un trabajador social y el jefe de servicio de interior.
Las discusiones «son intensas, porque la perspectiva que tiene cada uno es muy diferente», señala un funcionario conocedor de esas deliberaciones. «El problema quizás es doble: son muchos y todos los votos valen igual, y al final renta ser conservador: si dejas al preso en segundo grado, lo alejas de la calle y no te expones a que te falle».