Fuente: La Razón

Nadie duda de que sostener un sistema penitenciario es gravoso para el erario público. Sólo hay que subrayar algunos datos: el coste económico de la construcción de un centro tipo alcanza los cien millones de euros y el coste por interno cada año es de 25.000 euros. Pero con todo, cabe reclamar un esfuerzo por parte del Ejecutivo para subsanar estas carencias.
Ante la crisis, el Gobierno está haciendo bien los deberes al imponer la austeridad en las administraciones públicas. Pero se tiene que hacer a partir de un criterio riguroso y responsable para evitar males mayores.  En una parcela tan sensible y vital para un país como lo es la seguridad ciudadana en todos sus ámbitos, no debe escatimar el dinero en sus presupuestos. Es una prioridad que no conviene desatender.
Como también conviene abordar un problema de fondo: la viabilidad de nuestro modelo penitenciario actual, que no se ha revisado en los últimos diez años. Es evidente que se necesita otro esquema más racional y adecuado a la realidad. Una de las posibles soluciones pasaría por que el Gobierno impulsase acuerdos bilaterales con los estados para que los presos extranjeros cumplieran sus penas en sus países de origen. Tampoco cabe desdeñar un sistema eficaz de penas alternativas, como trabajos para la comunidad, en casos, por ejemplo, de seguridad vial, relacionados con el exceso de velocidad, siempre y cuando no haya habido víctimas.
Sea como fuere, el Gobierno no debe ignorar el problema. Ante la saturación de nuestras cárceles, urge una batería de propuestas efectivas si queremos evitar riesgos potenciales que son, deben ser, evitables.