Los efectos de la crisis en el tema laboral y los tijeretazos del Govern también han llegado al centro penitenciario de Palma. Las consecuencias de la mala coyuntura económica se traducen en la pérdida de unos 250 puestos de trabajo procedentes de empresas externas que daban empleo a los reclusos y que han cerrado debido a la crisis. Además, la Pastoral Penitenciaria está “ahogada” y no puede mantener las ayudas económicas que daba a los internos más necesitados y la falta de pago por parte del Govern y del Consell ponen en peligro la continuidad de los dos pisos tutelados que tiene la entidad. Asimismo, la población reclusa se ha quedado sin asistencia jurídica ya que el Ejecutivo autonómico no ha renovado el convenio con el Colegio de Abogados de Balears. Las tijeras también han afectado a los educadores que trabajaban con los presos. Y el motivo es similar a los anteriores. Las Administraciones han cortado el grido de las subvenciones y al no llegar el dinero a las entidades sociales, sus trabajadores se van al paro. De hecho, el Grupo de Educadores de Calles y Trabajo con Menores (Grec) se ha visto obligado a reducir su presencia en la cárcel de Palma pasado de 13 trabajadores a cuatro por la falta de ayudas.
El director del centro penitenciario de Palma, Manuel Avilés, cifra en 250 los puestos de trabajo que han desaparecido debido a que las empresas externas que daban una oportunidad a los reclusos han cerrado su producción. Así, su responsable está buscando trabajo para la población de la cárcel porque “la peor pena en una prisión es el aburrimiento”, remarca Avilés. Asimismo, añade, que no exige un salario de 1.500 euros al mes para los reclusos. Se conforma en poder tener ocupados a una parte de la población reclusa que con 200 euros al mes ya se apañan. Tras el cese de la actividad de empresas relacionadas con la grifería, ahora hay contactos para que los presos hagan batas y cobren por cada pieza elaborada.
El servicio de los dos pisos tutelados de la Pastoral Penitenciaria también corre el peligro de no poder continuar si no recibe el dinero prometido por las instituciones públicas. El coordinador del Secretariado de Pastoral Penitenciaria, Jaume Alemany, explica que durante este ejercicio no han visto ni un euro del Consell ni del Govern. “Estamos ahogados económicamente”, lamenta y subsisten de las ayudas de particulares pero los números no cuadran. Disponen de liquidez para afrontar los gastos de estos dos pisos hasta finales de año pero para 2012 la cosa no pinta nada bien. “Es muy difícil que lo podamos mantener”, avanza Alemany. Estas dos viviendas se destinan a aquellos internos que no tienen familia y que se quedan en estos pisos cuando disfrutan de un permiso de salida. “Si no hay pisos, no pueden disfrutar de su derecho de permiso”, advierten Alemany y Avilés. Ante tal panorama, el responsable de la entidad reclama que las Administraciones admitan por escrito la deuda que tienen con la Pastoral Penitenciaria por las ayudas concertadas. Así, explica, podrían ir a las entidades bancarias a pedir un préstamo y evitar el cierre del servicio.
una condena de 43 años de cárcel.