La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias remite a Patrimonio del Estado, dependiente del ministerio de Economía y Hacienda, la decisión sobre el futuro uso de la antigua prisión provincial al ser este organismo el titular de la infraestructura. Ante esta situación, ni el Ayuntamiento de Zamora ni la Subdelegación del Gobierno tienen potestad, de manera directa, para decidir en el futuro del edificio si bien sí están en condiciones de influir en la decisión final.


La propuesta de un grupo de jóvenes de convertir la vieja cárcel, en desuso desde 1995, en un centro de ocio se ha convertido en uno de los temas más candentes del verano. Está previsto que los grupos de la oposición planteen en el próximo Pleno del Ayuntamiento un debate sobre el asunto, si bien la alcaldesa de Zamora, Rosa Valdeón, aclaró desde el primer momento que la titularidad es estatal y, por tanto, «no es el Ayuntamiento quien debe tomar la decisión». Por su parte, la subdelegada del Gobierno, Pilar de la Higuera, ha matizado en reiteradas ocasiones que la titularidad de la infraestructura corresponde a Hacienda y, en consecuencia, «no se puede ceder a ninguna persona porque más gente a título particular también lo solicitaría».


El último episodio de la cárcel tuvo lugar el lunes, cuando la antigua prisión provincial fue escenario de un nuevo incendio provocado, presuntamente, por una persona que quemaba cables de cobre en su interior. La Policía Nacional identificó en las inmediaciones a un toxicómano que portaba un saco con cobre procedente de la cárcel como posible desencadenante del fuego.