Fuente: Las Provincias.es
El Gobierno quiere frenar el mensaje «irreal» de que el apoyo al acuerdo de Gernika provocará movimientos penitenciariosLa izquierda independentista quiere controlar las cárceles para mantener la cohesión
La batalla sobre un posible fin de ETA también se libra en las cárceles. No porque a la banda le interese la opinión de sus presos ni porque el Gobierno estudie algún cambio de su política penitenciaria, sino porque ni la organización terrorista ni la izquierda independentista quieren perder el 'activo' que suponen los cerca de 700 reclusos repartidos por los penales de España y Francia y la presión constante que ejercen en la calle sus familiares.
Los responsables de Instituciones Penitenciarias y del Ministerio del Interior han constatado que la última maniobra del mundo independentista radical pasa por tratar de ocupar el espacio que ETA ha perdido entre la colonia de presos para mantener la cohesión del 'frente de makos'.
Desaparecido 'de facto' el histórico EPPK, el colectivo de internos y sus familiares; golpeado policialmente el aparato H-Alboka, el grupo de abogados que oficiaban de mensajeros de la banda dentro de las cárceles; y asfixiada judicialmente Askatasuna, la banda terrorista durante los últimos tres años ha perdido su influencia en los presos hasta límites inimaginables hasta hace poco.
Sobre todo entre 2009 y 2010, cuando el plan del entonces ministro Alfredo Pérez Rubalcaba de potenciar las escisiones logró conseguir que más de medio centenar, muchos de ellos terroristas históricos, rompieran con la banda tras firmar una carta en la que renuncian a la violencia, piden perdón a sus víctimas, y se comprometen a afrontar las indemnizaciones y a colaborar con la justicia.
La cascada de escisiones, según reconocen los responsables penitenciarios, se ralentizó en septiembre de 2010, cuando ETA hizo su primer comunicado, y se ha paralizado casi del todo desde que en enero anunció el alto el fuego «permanente y verificable». Y es en esta situación, explican expertos de la lucha antiterrorista, en la que la izquierda independentista intenta «tomar el relevo» de ETA. Y no para alentar los movimientos individuales de ruptura con la banda o avivar las críticas de los díscolos a los terroristas, sino para intentar que el 'frente de makos' no se disuelva y presione en la búsqueda de una «salida colectiva» para los reclusos, alternativa de la que el Gobierno no quiere ni oír hablar. Según los informes de las fuerzas de seguridad, la vanguardia de esta estrategia es el colectivo 'Egin Dezagun Bidea' ('Hagamos Camino'), nacido y potenciado a la sombra del éxito electoral de Bildu.
Los dirigentes de esta plataforma y los propios responsables de la coalición independentista son los que desde el pasado enero intentan cohesionar a los presos. La última iniciativa para evitar escisiones «y de paso dar una esperanza a los reclusos», como afirman los responsables penitenciarios, es la apertura un debate el pasado junio sobre el apoyo en «bloque» al acuerdo de Gernika, el pacto firmado hace un año por una treintena de colectivos independentistas en el que se aboga por un alto el fuego definitivo y verificable de la banda.
Visita a Madrid
En este contexto, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias no se sorprendió cuando el pasado martes una comisión de la izquierda independentista, encabezada por miembros de Bildu, se presentó en Madrid para solicitar una reunión no con los presos de ETA, sino con el «aparato de interlocución» de los reclusos de la banda, un grupo creado por la propia ETA y ahora casi desaparecido por la presión de la política penitenciaria y, que, obviamente, el Ministerio del Interior ni reconoce y al que no va a dar alas permitiendo un encuentro con los dirigentes de la coalición independentista.
Desde Interior se ven con cierta inquietud, que «no con preocupación», esos movimientos alentados por la izquierda independentista en tanto en cuanto tratan de minar la llamada 'vía Nanclares', denominada así porque es la cárcel de Álava en la que el departamento que ahora dirige Antonio Camacho concentra desde hace meses a los etarras que han roto con la organización tras firmar los cuatro puntos de la famosa carta y que, por tanto, al no ser ya formalmente miembros de ETA, son los únicos a los que el Gobierno está dispuesto a conceder los beneficios penitenciarios similares a los de los presos 'comunes', sobre todo permisos de salida, terceros grados, libertad condicional y el acercamiento al País Vasco.
El Gobierno es tajante en ese punto: la intención de Bildu y su entorno de hacer creer a los presos que una firma colectiva de apoyo al 'acuerdo de Gernika' -ya conocida como la 'vía Gernika'- puede servir de «sucedáneo» a la 'vía Nanclares' es «irreal» y un «engaño» a los propios presos porque Interior ya ha hecho saber a los internos que «solo y exclusivamente» su firma en el documento en el que se pide perdón a las víctimas conduce a los beneficios.