El análisis de los registros de delincuencia del Ministerio del Interior permite descartar que los centros penitenciarios repercutan de modo negativo en la seguridad de sus poblaciones próximas. Al contrario, los municipios ubicados a menos de 4 kilómetros de este tipo de instalaciones muestran el menor índice de delitos por habitante, y, en los casos en los que funciona una buena coordinación entra la dirección del centro y las autoridades locales, las prisiones acaban por producir un impacto positivo en la economía de su entorno, abasteciéndose del comercio local.

Son parte de las conclusiones obtenidas por la lucense Tamara Rubiños Varela -licenciada en Sociología y en Criminología- y Cristina Rechea -directora del Centro de Investigación en Criminología de la Universidad de Castilla-La Mancha- en un estudio elaborado en Galicia que pretendía "comprobar la fiabilidad" de la creencia -transmitida por los medios de comunicación- de que los municipios próximos a penitenciarías requieren refuerzos en sus efectivos de las fuerzas de seguridad "con la idea subyacente de que son más inseguros".