La decisión del Gobierno central de paralizar las obras de la nueva cárcel de Zubieta provocó ayer el rechazo de todos los partidos de la oposición del Ayuntamiento de Donostia, incluido el PP, que «se dejará la piel» en convencer a sus socios de partido en Madrid de la necesidad de esta infraestructura para Gipuzkoa. El alcalde, Juan Karlos Izagirre (Bildu), se reunirá con el nuevo director de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, en un plazo de dos semanas para conocer las razones del parón de un proyecto que, si bien había suscitado dudas en el seno del gobierno municipal, fue aceptado por los 'beneficios' que reportará al territorio: por un lado, mejorará las condiciones de los reclusos que hoy se hacinan en las obsoletas instalaciones de Martutene, y, sobre todo, permitirá completar una de las mayores operaciones urbanísticas de Donostia, en Txomin Enea, con 1.200 viviendas proyectadas, 359 de las cuales estarán en el solar, una vez derribado el viejo penal.

Sin embargo, habrá que esperar para que el proyecto se haga realidad, porque Instituciones Penitenciarias ha suspendido el concurso público para adjudicar la construcción de la cárcel en Zubieta, en donde ya se había empezado a trabajar en tareas de explanación y movimientos de tierra. La cárcel se ubicará en los altos de Zubieta, en los mismos terrenos donde está proyectada la incineradora. El acuerdo, firmado por el anterior gobierno municipal (PSE) y la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), establecía la venta de las 28,7 hectáreas de la parcela por un importe de casi 8 millones de euros. Tras el derribo de Martutene, el terreno revertiría a la ciudad para edificar un nuevo barrio.

Instituciones Penitenciarias explicó ayer a este periódico que la paralización de las obras responde a un criterio «administrativo», que tiene que ver con «una revisión global» de los proyectos de infraestructuras que inició el anterior gobierno del PSOE, incluidas otras cárceles proyectadas en Soria, Levante y Málaga. El nuevo equipo al frente de Instituciones Penitencias, que depende del Ministerio del Interior, quiere comprobar «de forma pormenorizada» el proyecto, según hicieron saber las mismas fuentes. En concreto, el análisis se refiere a la plantilla de funcionarios y no tanto al coste de la construcción del recinto penitenciario, cifrado en 76 millones de euros. Las medidas de ajuste adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy impiden la convocatoria de nuevas ofertas públicas de empleo (OPE) para este año. Instituciones Penitenciarias considera que hasta que no tenga garantizada la plantilla de funcionarios para trabajar en el penal de Zubieta no tiene sentido seguir adelante con la obra, indicaron.

¿Y cuándo se resolverá el problema? De momento no hay una fecha prevista para la reanudación de los trabajos. El alcalde donostiarra se reunirá en el plazo de dos semanas con el director de Instituciones Penitenciarias, según hizo saber ayer el primer edil en una nota de prensa. En el comunicado, Juan Karlos Izagirre explica que, tras conocer la noticia de la paralización del proyecto a través de los medios, ayer habló con Ángel Yuste, quien le señaló que, «si bien los compromisos adoptados se mantienen, sí es cierto que plantean ralentizar la ejecución del proyecto de la cárcel». En este sentido, Izagirre quiso dejar claro que la primera fase del proyecto urbanístico de Txomin Enea, que incluye 837 viviendas nuevas y las demoliciones de los edificios más viejos, «sigue su ritmo». No obstante, la paralización de la cárcel de Zubieta sí compromete los plazos para la segunda fase del proyecto que contempla construir 359 casas más en el solar de Martutene, una vez derribado el viejo penal, cuya fecha estaba prevista en 2014, antes del retraso que a partir de ahora acumulará.

La noticia cayó «como un jarro de agua fría» en las filas de los populares guipuzcoanos, que mantienen conversaciones directas con el Ministerio del Interior para que el proyecto siga adelante, hizo saber en una nota el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Donostia, Ramón Gómez. «No es una decisión en firme y nos vamos a dejar la piel para que no se lleve a cabo la suspensión», insistió el popular.

El portavoz del PSE donostiarra, Enrique Ramos, recordó que en el acuerdo firmado se estableció que, además, de la cárcel, la parcela de Zubieta se destinaría a un nuevo polígono industrial, de 300.000 metros cuadrados, que también deberá esperar. No será el único proyecto hipotecado, pues a la operación de Zubieta iban ligadas otras construcciones que se derriban «como fichas de dominó» con la «mala noticia» conocida ayer, dijo Ramos. En concreto, se refirió al traslado de las empresas de Papin y Molinao, el desarrollo previsto por la Real Sociedad para la construcción de un centro hostelero al lado del llamado campo Z-7, en el que juega el equipo del Sanse, la creación de un área para que Tráfico realice los exámenes del carné de conducir y la ya citada segunda fase de Txomin Enea. Por todo ello reclamó al Gobierno central que «reconsidere su decisión y no entorpezca el desarrollo de esta operación estratégica de la ciudad».

La suspensión del concurso para licitar las obras del nuevo penal fue calificada de «mazazo» por el PNV. Según el concejal jeltzale Iñaki gurrutxaga, la decisión «unilateral» del Gobierno de Madrid «pone en serio riesgo» las operaciones ligadas al traslado de la cárcel a Zubieta. «Por si las indefiniciones de Bildu no fueran suficientes para arrojar sombras sobre este proyecto tan importante para Donostia, ahora viene el PP y añade una nueva incertidumbre de este calado. Es hacer un flaco servicio a Donostia y a los donostiarras».