El ministro, que visitó la Comisaría Provincial y se reunió con los mandos de la Policía Nacional, reconoció sobre la prisión de Archidona: "Tenemos problemas presupuestarios. Tenemos la voluntad política de que ese proyecto siga adelante, pero lo vamos a acompasar a las disponibilidades presupuestarias que tenemos en la actualidad". La apertura del segundo centro penitenciario de la provincia estaba previsto para finales de este año o principios de 2013. Aunque la obra marcha a buen ritmo, su entrada en funcionamiento puede dilatarse porque además es necesaria la dotación de una plantilla de alrededor de 600 empleados.

Fernández Díaz indicó que el ministerio tiene intención "dentro de nuestras posibilidades" de "adelantar al máximo" el proyecto, pero hizo hincapié en que "las restricciones nos afectan a todos".

Hace un mes, ya los sindicatos CCOO y ACAIP denunciaron en Málaga Hoy que la crisis retrasaría la apertura de la prisión de Archidona, diseñada para aliviar la de Alhaurín de la Torre que lleva años masificada.

Sobre el nuevo centro de internamiento de extranjeros (CIE) que debe sustituir al de Capuchinos -cuyo deterioro han criticado las ONG, los sindicatos policiales y el Defensor del Pueblo-, Fernández Díaz utilizó otro verbo, pero describió la misma situación como consecuencia de la crisis: "El proyecto no está bloqueado ni olvidado; simplemente está atemperado a las disponibilidades presupuestarias que tenemos".

El ministro insistió en que el proyecto del futuro CIE en el polígono del Guadalhorce sigue adelante y que la permuta del solar con el Ayuntamiento de Málaga necesaria para que avance la iniciativa está "desbloqueada". Según Fernández Díaz, el deseo del ministerio es que en ese sector de la ciudad "se pueda construir un nuevo CIE" y que allí también se puedan ubicar unidades de intervención y caninas de la Policía Nacional.

El titular de la cartera de Interior también adelantó que el Gobierno trabaja en la redacción de un nuevo reglamento de funcionamiento de los centros de internamiento que tratará de sacar adelante con "el máximo consenso político y parlamentario posible". Según el ministro, ese texto tendrá en cuenta que el inmigrante que ingresa de forma irregular en España "no es un criminal" y que "los CIE no son prisiones". Además, también recogerá la idea de que la Policía Nacional debe centrarse en la seguridad ciudadana y dejar "otras tareas asistenciales" en esos centros "para otro tipo de personal".

Acerca del robo de más de 300 kilos de droga del depósito del puerto apuntó que no podía dar detalles porque la investigación seguía su curso. Sobre las protestas que se están produciendo en la calle y la actuación policial, el ministro aseguró que se hará de forma de compatibilizar los derechos reconocidos en la Constitución y las leyes. "Lo vamos a abordar como lo hemos enfocado siempre; haciendo compatible el ejercicio del derecho de manifestación que tienen los ciudadanos con la actuación de la Policía, para que se ejerza ese derecho en el marco de la ley", aseguró.