El largo tiempo transcurrido desde el momento en el que se produjeron los altercados –que acabaron con varios funcionarios de prisiones heridos, uno de ellos de gravedad– y la celebración del juicio oral ha hecho que el Ministerio Público se haya visto obligado a reducir significativamente las penas que en un principio solicitaba para los responsables de los hechos. De esta manera, el fiscal pedía tres años de prisión por un delito de detención ilegal y tres años de cárcel por un delito de atentado a los agentes de la autoridad. Además, algunos de los procesados estaban también acusados de una falta o un delito de lesiones, según su grado de participación en el motín, con penas que iban desde los 12 días a los dos años de cárcel.

No obstante, y dadas las "dilaciones indebidas" en este proceso, los nueve reos –ocho de los cuales permanecían aún en prisión cumpliendo penas por otras causas– han sido condenados a nueve meses de prisión por el delito de detención ilegal, seis meses por el delito atentado a la autoridad y seis meses por las lesiones.

Los acusados Jacobo Melián G., Jorge Alberto Armas P., Roberto Carlos Guijarro E., Carmelo Rodríguez H., Guillermo García A., Miguel Ángel Díaz R., Moisés Hernández D., Agustín Hernández P. y Tomás Braulio Rodríguez E. aceptaron las penas impuestas y la juez dictó sentencia de conformidad al final de la vista.

Tomás Braulio Rodríguez E. era el único de los acusados que se encontraba en libertad y fue citado para comparecer en el juzgado. A su llegada, dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía lo identificaron y le advirtieron de que quedaría detenido al finalizar el juicio dado que se había emitido hace tres semanas una orden de busca y captura.

Los funcionarios que fueron víctimas del motín en la prisión tinerfeña manifestaron ayer su "descontento" por la tardanza en celebrar el juicio lo que ha llevado a una "reducción de las condenas impuestas a los acusados".

Además de las penas de privación de libertad, el Ministerio Fiscal solicita que los reclusos indemnicen en diferentes cantidades a los funcionarios de prisiones, según las lesiones y daños morales sufridos en el altercado, durante el cual los reclusos llegaron a encerrar a varios de los trabajadores de la prisión en los baños de uno de los módulos.

En base a estos daños, el Ministerio Público considera que los nueve acusados deben subsidiariamente de abonar la cantidad de 53.000 euros a uno de los funcionarios, que resultó con heridas en el cuello por un pincho de fabricación casera; 6.700 euros a otro funcionario que padeció contusiones, y 115 euros para otros de los empleados del penal. Mientras, un cuarto funcionario será indemnizado económicamente también aunque el fiscal deja la cuantía a la valoración y sentencia del tribunal.

Secuestraron a ocho funcionarios
El 25 de junio de 2001, nueve reclusos del módulo III de la prisión Tenerife II se amotinaron contra los funcionarios que, a las 19:30 horas, repartían la cena. Los implicados acordaron abordar a los empleados y para asegurarse el éxito del ataque, uno de los reclusos había fabricado un pincho. Con esta arma casera asaltó a uno de los funcionarios, al que sorprendió y, tras colocarle el pincho en el cuello, advirtió al resto del personal que se encontraba en el módulo que aquello era un "secuestro". Otro de los reos cogió a un segundo funcionario y lo golpeó, tirándole al suelo a la vez que en compañía de dos reclusos más, intentaron apuñalarle con el pincho, sin lograrlo porque otro de los presos se interpuso y evitó que lo agredieran. A un tercer funcionario lo obligaron a ponerse de rodillas y como éste se resistió le hicieron un corte en el cuello. Otro funcionario fue golpeado en la cara con un objeto.

Una vez doblegados, les quitaron las llaves y los walkies y encerraron en la celda 56 a los cuatro funcionarios; luego encerraron en otra celda a otros cuatro empleados aunque como no tenían las llaves de esa estancia, convencieron a otros reclusos para que los retuvieran mientras los principales implicados salían a los patios y, posteriormente se subieron al tejado del módulo 4.

Los funcionarios lograron convencer a los reclusos que los retenían para que los dejaran salir y una vez que lo consiguieron empezaron a negociar con os amotinados para que depusieran su actitud, lo que hicieron salvo Roberto Carlos Guijarro E. quien saltó del tejado al patio y fue detenido.