González manifestó que el personal que contratará el Ejecutivo para desempeñar las labores de control de videovigilancia, accesos y garitas que todavía ejerce la Guardia Civil "no tiene formación específica para ello", caso de los ex guardaespaldas del País Vasco.

Pero, a su juicio, lo más importante es que "no tienen competencias para ejercer como autoridad". Por ende, si se produjera un altercado entre los familiares que visitan a los internos o se diera la circunstancia de que se registrara alguna fuga, "estas personas no podría retener a nadie, del mismo modo que si robas en un supermercado el guardia de seguridad ni siquiera puede cachearte, porque esa tarea la tienen que realizar los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

El delegado de Acaip Huelva aclaró que si se produjera algún contratiempo de este tipo, "los vigilantes privados tendrían que llamar a los funcionarios, a guardias civiles o policías nacionales para que pudieran intervenir". Tareas de esta índole "ya son de por sí complejas para los que tenemos competencias en estos términos", por lo que estimó que, "antes de implantar la privatización, el Gobierno tendría que modificar ciertas cosas".

Asimismo, calculó que a una media de 60 agentes de la Benemérita por los 70 centros penitenciarios de la geografía nacional, "tendríamos unos 4.200 guardias afectados que no se pueden sustituir con 800 escoltas, no salen las cuentas, salvo que el servicio acabe siendo mixto".