El Programa Nacional de Reformas enviado el pasado viernes a Bruselas junto con el Plan de Estabilidad 2012-2015 prevé para este año 2012 una reforma del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, centrada en una reducción del sueldo de los trabajadores de la administración durante los primeros noventa días de la baja por incapacidad temporal. Dicha categoría cubre las contingencias asociadas a la enfermedad o la lesión por accidente que impide, de forma provisional, el normal desempeño de sus funciones.

El objetivo es, según el plan, «reducir los costes», atacar el «menoscabo de la productividad» provocado por ese absentismo y, al mimsmo tiempo, reducir la contratación de personal interino. A tales fines, el programa de reformas anuncia también «actividades de control de seguimiento desde el primer día de la baja, con lo que se contribuirá a la reducción del absentismo laboral».

El Ministerio de Economía plantea una «modificación de la plenitud retributiva durante los primeros 90 días de la baja, modulando las retribuciones del funcionario que le corresponderían en caso de desempeñar con normalidad su trabajo». Para ello, introducirá un cambio en el cómputo de las situaciones de incapacidad temporal, que pasarán de contarse en meses a días. Se establecerá también la imposibilidad de pagar subsidios en caso de resultados de alta o incomparecencia justificada al reconocimiento médico.

Para acelerar su consecución, el Gobierno impulsará un acortamiento de los plazos de expedición y entrega a los órganos de personal de los partes de baja por incapacidad temporal en el régimen especial de la seguridad social. La meta en este caso es evitar dilaciones indebidas por parte de los organismos intervinientes. Este programa de acción establece, de forma expresa, la imposibilidad de pagar subsidios en caso de resultados de alta o incomparecencia injustificada del trabajador al reconocimiento médico.

El plan también señala que los 2.700 ayuntamientos que han presentado planes de ajuste para poder acogerse al plan de pago a proveedores ahorrarán más de 39.000 millones de euros entre 2012 y 2012. Será posible, detalla, gracias al aumento de ingresos en 22.915 millones y a una reducción de gasto de 16.331 millones.