Acaip recuerda que el ‘recorte’ de funcionarios ronda el medio centenar en los dos últimos años y, si bien reconocen el descenso de presos, aseguran que son apenas 56 los funcionarios encargados de su vigilancia directa.
 Además, no hay que olvidar que también se encuentra en riesgo el trabajo de los 45 guardias civiles que velan por la seguridad de la cárcel de Mansilla. El Ministerio de Interior anunció la puesta en marcha de un plan para privatizar parte del servicio de seguridad en 21 prisiones españolas, unas tareas que asumirían vigilantes privados, entre ellos cerca de 400 escoltas del País Vasco y Navarra que han dejado de proteger a personas amenazadas.