El problema es que todas estas falacias, reiteradas a través del tiempo, acaban por parecer verdad para una mayoría de la población, creando un estado de opinión generalizado en contra del funcionario, por el mero hecho de serlo, que empaña cualquier perspectiva de racionalidad crítica (legítima y deseable siempre en un estado democrático). Y naturalmente, cuando llegan las vacas flacas, ¿quién mejor que el funcionario perezoso e inepto para que pague los platos rotos de un sistema que hace aguas por todas partes? ¡Alguien tiene que tener la culpa de todo esto que está pasando!

Pues bien, a pesar de que no espero comprensión alguna de quienes así piensan, tan solo recordaré algunos datos que pueden resultar clarificadores. Para empezar, los funcionarios de carrera (no confundir con empleados públicos, como se hace frecuentemente) son uno de los muy pocos segmentos de la población española actual que acceden a un puesto de trabajo exclusivamente en función del mérito y la capacidad contrastada ante un tribunal, y no del amiguismo personal o del clientelismo partidario, al que tan acostumbrados estamos en la Administración pública (y en la empresa privada, también). En segundo lugar, el funcionario debe tener carácter de permanencia porque bajo ningún caso puede estar mediatizado ni condicionado ideológicamente por los Gobiernos de turno, como se intenta demasiado a menudo. Los funcionarios están al servicio del Estado, la ley y los ciudadanos, no de los gobiernos.

Y por último, y mucho más importante, es que, sencillamente, no es verdad que la mayoría de la población desprecie a los funcionarios. El estudio Pulso de España, publicado en 2010 por la Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón y coordinado por el sociólogo José J. Toharia, mostraba los resultados de una encuesta en la que se medía el nivel de confianza de los ciudadanos en 28 instituciones españolas. En ella, efectivamente, los funcionarios se encontraban en el puesto 17, avalando aparentemente el discurso habitual. Sin embargo, paradojas de la demoscopia, observen quiénes aparecían en los primeros lugares del ranking: 1. Científicos; 2. Universidad; 3. La Policía; 4. La Seguridad Social; 5. El Rey; 6. La radio; 7. La Guardia Civil; 8. El Ejército;, 9. El Defensor del Pueblo, y 10. Las ONG. (Por cierto, los últimos puestos eran para los partidos políticos y las multinacionales).

Bien, les ruego que ahora eliminen a los funcionarios de la lista. ¿En quiénes confían, de verdad, los españoles?