Fuente: Huelva informacion.es

Interior le ha remitido ya la investigación, en la que sólo figuran dos responsables expedientados.

El Ministerio del Interior ha decidido judicializar el asunto de las presuntas "disfunciones contables" detectadas en la prisión de Huelva. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias confirmó ayer a este diario que ya ha remitido el expediente -en el que figuran los detalles de la investigación reservada abierta por el agujero en las cuentas- a la Fiscalía de Huelva.

Aunque el Ministerio Público onubense todavía no tiene en sus manos el informe, según aseguraron ayer fuentes de la Fiscalía, sí recibió al comienzo de esta semana una "notificación oficiosa" -a través de una llamada telefónica- anunciando el envío de la documentación pertinente. Una vez el expediente esté en sus manos, la investigación continuará desde el Palacio de Justicia de Huelva.

Instituciones Penitenciarias había dejado claro en reiteradas ocasiones que si la auditoría interna constataba que en el asunto del pufo podía haber indicios de delito penal pondría toda la información recabada por sus inspectores en manos de la Justicia, buscando el esclarecimiento de los hechos y la depuración de responsabilidades.

Desde el departamento de dirige Ángel Yuste se indica que, por el momento, son sólo dos las personas expedientadas por este caso: quien ejercía como administrador en el periodo investigado (2009-2011), M.O., y el jefe de oficinas de administración en el penal de La Ribera. Ambos fueron suspendidos de empleo y sueldo la semana pasada.

El delegado sindical de Acaip en Huelva, Genaro González, aplaudió ayer la iniciativa de Interior, que ha sido demandada por el sindicato desde que se destapó el escándalo: "La Justicia es quien debe investigar y decidir en estos casos". El portavoz mayoritario de los funcionarios de la prisión onubense agregó que "la Fiscalía no debe centrar su investigación sólo en esos tres años", sino abrir el espectro temporal para que se alcance a ver el auténtico calibre del posible desfalco. "No entendemos que hasta ahora no se haya percatado nadie de este presunto delito", afirma González, quien agrega que las indagaciones del Ministerio Público también deben poner el foco "en Madrid", donde están las personas responsables de recepcionar las cuentas tanto de la dirección del penal onubense como del Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.

Interior informó hace algo más de un mes sobre el supuesto fraude, que se habría llevado a cabo a través de una doble contabilidad que maquillaba el saldo real de la caja de la penitenciaría de La Ribera. Fuentes carcelarias concretaron ayer a este rotativo que ese "desfase" detectado tiene relación directa con el economato del penal. La Administración de la prisión recaudaba parte del dinero que los internos ingresan en la cárcel, un montante que debe transferir posteriormente al Organismo Autónomo (encargado de gestionar esos fondos y del economato), pero "que pudo utilizarse para pagar facturas del propio centro", remarcan estas fuentes. El Organismo Autónomo envía trimestralmente el resultado de las cuentas a Madrid, del mismo modo que lo hace la institución carcelaria, de modo que "alguien allí debió darse cuenta de que no coincidían los datos que les enviaban los unos y los otros", señalan en la misma línea que aborda el delegado de Acaip.

El agujero en las cuentas localizado por el actual responsable económico de La Ribera tras el cese de su antecesor, M.O. (el pasado 30 de octubre), supera ya el medio millón de euros, según Instituciones Penitenciarias.

M.O. ejerció durante dos decenios como administrador en los penales onubenses bajo las órdenes de cuatro directores (él mismo dirigió el macrocomplejo carcelario entre 2007 y 2008). El director de la prisión de Huelva, Alejandro Zulueta, le destituyó alegando "discrepancias" entre ambos.